| Daniel Bravo Dextre

Quedó en suspenso el pedido del Ministerio Público para que el exgobernador regional Javier Gallegos Barrientos y otros presuntos integrantes de la organización criminal «Los tramitadores del Gore» reciban prisión preventiva de 36 meses, mientras dure la investigación por la irregular validación de brevetes.

La audiencia de prisión preventiva realizada en la mañana de ayer tuvo carácter virtual y fue conducida por el juez de Investigación Preparatoria, Fernando Vicente Fernández Tapia, en la que participó el investigado Gallegos Barrientos en compañía de su abogado defensor.

El exgobernador regional dio sus generales de ley, causando sorpresa la no participación del exdirector de Transportes, Carlos José Martínez Hernández, quien habría sido excluido del pedido de prisión preventiva de 36 meses por haberse acogido, probablemente, a la delación premiada como colaborador eficaz.

Posteriormente, el juez, para poder dictar 36 meses de prisión preventiva, le pidió al fiscal Alexander Pérez López, titular del tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, que realice la imputación fáctica y jurídica con nuevos elementos de convicción; el representante del Ministerio Público reiteró los mismos argumentos que esgrimió para solicitar la Detención Preliminar de 10 días, cuyo plazo expiró y de 17 de los detenidos en el megaoperativo sólo quedan privados de su libertad cinco, a quienes se les sorprendió con brevetes y dinero en efectivo por los trámites que hacían, según la investigación preventiva a causa de una denuncia originada el año 2019.

Hasta el momento el fiscal Alexander Pérez sólo tendría la versión de los colaboradores eficaces, quienes cuentan en detalle cómo se captaba el dinero del trámite irregular de brevetes, los montos que habrían recibido y otras versiones que por ley procesal deben ser corroboradas con audios, videos, vouchers, capturas de pantalla de celular, cuentas bancarias de origen dudoso, dinero en efectivo no bancarizado, entre otros que forman parte de los elementos de convicción.

El fiscal cuestiona a Gallegos Barrientos por haber designado a los exdirectores de Transporte, a quienes los colaboradores señalan como principales operadores de la mafia de brevetes que existió en esa dirección regional.

Sin embargo, los abogados que lo defienden aseguran que eso no es ningún delito, y que en todo caso el responsable directo de la gestión administrativa del GORE es el gerente general regional.

Otra prueba es un mensaje que el exgobernador le envió a Carlos Martínez, donde le pide que atienda a una delegación de Pisco que tiene interés de abrir una oficina en Ica vinculada al servicio de Transporte, lo cual no guardaría relación con el tráfico de brevetes.

Como los argumentos del fiscal no convencieron al juez Vicente Fernández, éste se vio obligado a suspender la audiencia virtual y la reprogramó para continuarla este viernes 12 al mediodía.

Comparecencia

Entonces, se deduce que, si el fiscal no logra aportar más carga de prueba contra Javier Gallegos, Edward Amoroto y otros vinculados a la supuesta organización criminal, el viernes el experimentado juez penal no tendría otra alternativa que rechazar la prisión preventiva, y al modificar la pretensión fiscal les daría comparecencia a los investigados, tal como ha sucedido en Huancayo con la llamada organización “Los Dinámicos del Centro”.

Como ya expiró el plazo de 10 días y no se ha aprobado la prisión preventiva de 36 meses, legalmente Javier Gallegos y demás investigados ya pueden caminar libremente por las calles. Tal vez Amoroto decida retomar el cargo de alcalde de Los Aquijes, convencido de que el viernes el juez otra vez rechace la pretensión del fiscal.

En cambio, los abogados de la exautoridad regional le habrían aconsejado que continúe sin ser visto hasta pasado mañana viernes en que podrían darle comparecencia. En caso ocurriese así, su entorno adelanta que esa misma tarde estaría dando declaraciones a la prensa, explicando su situación. No nos extrañe si se declara “perseguido político” o “chivo expiatorio” para distraer la atención nacional y no se hable de otros casos nacionales muy sonados.