Por: Lic. Jesús Acevedo Herrera
Past Decano del Consejo Regional de Ica
Colegio de Periodistas del Perú
Reg. FPP. 5385 Reg. CPP. 030
El reciente y terrible asesinato cometido por un degenerado sicario, quien dio muerte a balazos al empresario y comunicador social Gastón Medina Sotomayor (QDDG), ha causado en la población indignación, miedo y temor. Este crimen, como otros tantos que ocurren sin solución, demuestra que el “terror gobierna en las calles” debido a que la delincuencia es un problema grave que abarca homicidios, extorsión y sicariato.
Las autoridades, como el alcalde, el gobernador regional, la Fiscalía y el Poder Judicial, cuando suceden estos hechos, solo se limitan a cumplir con sus funciones de manera separada, sin una intervención unificada ni con “mano dura” contra los delincuentes, para aplicarles la sanción y justicia que se merecen. No existe una solución inmediata, ni se aborda este problema social a un nivel superior. Es decir, no solicitan a los parlamentarios que representan a la región, al Congreso de la República ni al Ejecutivo, con su presidenta Dina Boluarte, que Ica sea declarada en emergencia, como se ha hecho en otras ciudades.
El Gobierno Regional, en una sonada actividad protocolar, hizo pública la entrega a la Policía Nacional de más de 200 vehículos y motos lineales, incluso con la presencia del ministro del Interior, Juan José Santivañez; el gobernador Jorge Hurtado y el alcalde Carlos Reyes, quienes afirmaron que esto mejoraría la seguridad ciudadana. Lo cierto es que, con unidades móviles o sin ellas Ica es tierra de nadie y la delincuencia avanza.
Las autoridades locales, regionales y la Policía Nacional, entre otros, deben implementar proyectos de seguridad ciudadana que se cumplan, solicitar el incremento de la dotación policial, que tanta falta hace, y trabajar de manera eficiente y capaz con la comunidad para que la presencia del Estado sea permanente.
Es inminente que deben cumplir con los criterios de una planificación de seguridad ciudadana regional que debe orientarse permanentemente. El Congreso y el Ejecutivo se culpan mutuamente, y hasta el momento no se ha aprobado la Ley de Terrorismo Urbano, a pesar de que -según se sabe- esta ley aún no ha sido aprobada por el Congreso ni promulgada por el Ejecutivo debido a varios factores.
En octubre de 2024, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, destacó la urgencia de tipificar este delito, señalando que representa una amenaza para la economía y la vida de los ciudadanos. Sin embargo, durante las sesiones del Pleno surgieron discrepancias entre los parlamentarios sobre la inclusión de ciertos delitos en el dictamen, como el tráfico de terrenos y la minería ilegal.
Estas diferencias llevaron a la suspensión del debate y a la solicitud de revisar y mejorar el dictamen. Además, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre la posible ambigüedad de la ley y su aplicación, señalando que podría facilitar abusos y afectar negativamente a la democracia y los derechos humanos en el país.
La ley es de gran importancia para la seguridad ciudadana. Este delito podría tipificarse como terrorismo si se considera que busca intimidar a la población o desestabilizar la paz pública. Por lo tanto, la ley debe centrarse en sancionar conductas que, aunque cometidas por organizaciones criminales con fines lucrativos, terminan teniendo un efecto desproporcionado en la sociedad, similar al terrorismo tradicional. Esto incluye bloqueos de vías mediante el uso de armas o explosivos, y delitos graves como el sicariato o la extorsión.
Aunque la ley busca ser una herramienta para combatir la delincuencia grave, su implementación y alcance deben ser claros para evitar abusos y respetar los derechos fundamentales.
