En ceremonia protocolar realizada el último viernes 16 de setiembre, en el auditórium de la sede institucional, ubicada en la calle Ayacucho N° 500-Ica, 41 lideresas comunitarias juramentaron como orientadoras judiciales del Distrito Judicial de Ica.

La juramentación estuvo a cargo del doctor Rafael Fernando Salazar Peñaloza, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, quien -a su vez- les hizo entrega de sus certificados y credenciales que las reconocen con el título de Orientadoras Judiciales de esta Corte Superior.

Asimismo, reconoció el entusiasmo de las orientadoras judiciales que han mostrado interés y preocupación por constituirse en aliadas del Poder Judicial para lucha contra la violencia familiar y fortaleciendo el acceso a la justicia a este grupo vulnerable que le permita superar barreras al momento de hacer valer sus derechos ante los órganos jurisdiccionales.

Seguidamente, de manera virtual se visualizó el saludo de la doctora Janet Tello Gilardi, presidenta del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial.

Por su parte, la señora Susana Aranguren Paz, en representación de las orientadoras judiciales de la CSJ Ica para el periodo 2022-2024, expresó el agradecimiento y el compromiso de coadyuvar con la gran tarea de erradicar la violencia contra la mujer o cualquier integrante del grupo familiar.

En dicha ceremonia también se hizo entrega de certificados a los magistrados y personal administrativo de la CSJ- Ica y colaboradores que participaron en calidad de ponentes en las 8 sesiones de capacitación del Programa de Orientadoras Judiciales 2022-2024, desarrolladas del 20 de julio al 11 de agosto del presente año.

La clausura estuvo a cargo de la doctora Mary Luz Del Carpio Muñoz, jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – Odecma Ica.

Cabe destacar que la labor que realizarán las orientadoras judiciales será voluntaria y gratuita, y que, sumado a su liderazgo y capacitación brindada, les permitirá ejercer un legítimo rol social como intermediarias en la prevención y defensa de las mujeres e integrantes del grupo familiar ante diversas modalidades de violencia de género, así como facilitar a otros sectores vulnerables el acceso a la justicia.