| Javier Tasayco (Chincha)- Mediante Decreto Supremo N° 016-2022-MIDAGRI, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, se establecen las disposiciones para la elección de consejos directivos de las organizaciones de usuarios de agua para el periodo 2021-2024, en los lugares que aún no cuentan con ellos.

La citada norma, en el literal b) del numeral 91-A4 del artículo 91-A del Reglamento de la Ley N° 30157, establece que el Comité de Administración Temporal (CAT) debe implementar las disposiciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para el desarrollo del proceso electoral.

En virtud a ello, la ANA dictó disposiciones para la designación del CAT en las juntas y comisiones de usuarios de agua que al 31 de diciembre del 2021 no eligieron a su Consejo Directivo, así como disposiciones para que las organizaciones de usuarios de agua representadas por el CAT desarrollen las acciones democráticas para la elección de su respectivo Consejo Directivo, el cual ejercerá funciones hasta el 31 de diciembre de 2024.

En Chincha, el Consejo Directivo Temporal de los usuarios de riego, lo preside Eduardo Ponciano Lliuya Peve, quien estuvo facultado por el ANA a ejercer funciones administrativas por un periodo de seis meses, entre enero y junio de este año. Con la precitada norma se prorroga sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2024. Antes de esa fecha ya debe haber convocado a elecciones que permita contar con una nuevo Consejo Directivo al frente de todos los usuarios del distrito de riego de Chincha, y dando por concluido la permanencia de las CAT o administraciones temporales.

Eduardo Lliuya Peve viene atendiendo desde su sede principal, ubicada en el distrito de Grocio Prado, ante la negativa del cuestionado consejo directivo que presidió el agricultor Lucio Olmos Soldevilla y su gerente técnico Elías Magallanes Carrillo, quienes se resisten a abandonar las instalaciones de la Junta de Usuarios de Chincha, y vendrían sorprendiendo a los agricultores de las diferentes comisiones de regantes, cobrándoles tarifas de agua sin tener la facultad de hacerlo.

Al respecto, Lliuya Peve aseveró que dicha entidad privada de Lucio Olmos no contaría con el reconocimiento del ANA y que, por lo tanto, “no estaría autorizada por el Estado para brindar un servicio público, administrar la infraestructura pública de un sector hidráulico, operarla y mantenerla, cobrar las tarifas de agua y efectuar la distribución del recurso hídrico” en el valle de Chincha.

Eduardo Lliuya dijo, también, que la anterior directiva se negaría a realizar la transferencia de cargo “apelando a argucias legales y buscando entrampar las cosas con el fin deliberado de capturar la Junta de Usuarios, a pesar de que ya no gozan de la confianza de los agricultores”.

Igualmente, con relación a los cobros del servicio que estarían efectuando a los regantes, el directivo señaló no se conoce el destino de los fondos, ni en qué situación económica puede encontrarse la Junta que representa a los regantes.

En ese sentido, Lliuya invocó a los agricultores que eviten seguir con esos pagos y los que ya cancelaron que procedan con las denuncias respectivas. “Las empresas han pagado por lo menos 40 mil soles. A los alcachoferos les cobraban más, Nosotros le hemos dicho que denuncien (a la asociación privada de Lucio y Elías)”, que la CAT ya tiene evidencias de sobra y la ANA les ha dicho que desistan de hacer cobros”, manifestó Lliuya.