Conforme avanzan las investigaciones se estaría complicando más la situación de la supuesta mafia de tramitadores de brevetes. Uno de los colaboradores eficaces ha aceptado que recibía una dádiva de 300 soles y que se la entregaba al exdirector regional de Transporte, Carlos José Martínez Hernández, quien también estaría tentado para acoger a dicho beneficio de reducción de la pena mediante la delación.

Por fuentes allegadas al Ministerio Público, se conoció que el fiscal estaría interrogando mañana al exgobernador Javier Gallegos Barrientos y al exdirector Carlos Martínez a través de la plataforma virtual, dado que continúan como no habidos.

Trascendió que Martínez estaría negociando su entrega a cambio que le acepten ser colaborador eficaz en libertad. En sus planes estaría delatar a directores de circulación terrestre, argumentando que, según normas vigentes, éstos tenían la función directa de revalidar los brevetes y que él sólo habría actuado como cómplice.

No se conoce exactamente qué se le imputa a Javier Gallegos, quien desde la clandestinidad y a través de su entorno asegura que no tuvo conocimiento de esa organización que operaba al interior de la Dirección de Transportes.

Existe un argumento poco creíble y que Gallegos pretendería utilizar como “tabla de salvación”, en el sentido que después de más de dos años de funciones sus asesores de la “G” le recomendaron que cambie al “Chino” Martínez, ante la presunta existencia de una mafia de tramitadores de brevetes.

Sería poco inteligente que emplee este argumento, ya que al ser tan duramente cuestionado Martínez era un despropósito que el gobernador le encomiende la jefatura del PETACC a un presunto funcionario coimero.

Prisión Preventiva

De otro lado, el sábado por la tarde circuló por las redes sociales un documento de la misma fecha, en la que el fiscal Alexander Pérez López le solicita al juez de turno de Investigación Preparatoria de Ica autorice mandato de prisión preventiva por el periodo de 36 meses contra el exgobernador Javier Gallegos.

Familiares de la exautoridad regional manifiestan que nunca llegó a su domicilio tal requerimiento, por lo que desconocen tan drástica medida que formaría parte del voluminoso expediente fiscal.

Lo que declaren mañana Javier Gallegos y el “chino” Martínez podría atenuar o agravar la situación de ambos. Si realmente existiese ese pedido de prisión preventiva, es muy difícil que el líder del movimiento regional “Obras por la Modernidad” se ponga a derecho en los próximos años, a no ser que ofrezcan una recompensa para que se revele su paradero.

Por lo pronto, ya fueron puestos en libertad siete de los detenidos en el megaoperativo del 27 de abril, mientras que ocho serán recluidos en el penal de Cachiche, al habérseles dictado prisión preventiva por su presunta participación en los hechos investigados. El objetivo de la fiscalía sería reunir más pruebas contra Gallegos, Martínez y el alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto.  (DBD)