| Daniel Bravo Dextre

El suspendido alcalde del distrito de Los Aquijes, Edward Amoroto Ramos, a través de su abogado agotó una de las últimas posibilidades que le quedaban para volver a su vida normal, sin ser perseguido por la justicia.

Claro que una cosa es andar libre por la ciudad y otra es recuperar el sillón edilicio. Con una resolución judicial de segunda instancia en su contra no lo podría hacer; pues, si no se pone a derecho y decide permanecer como no habido, tendrá que esperar que su caso lo resuelva la Sala Suprema a través de un recurso de casación.

Ahora bien, pese a lo resuelto por la Segunda Sala Superior Penal de Apelaciones y Liquidadora de Ica, en audiencia del pasado 5 de julio, en la que confirmó la prisión preventiva por 12 meses que le dictó el juez en la investigación preparatoria seguida en su contra, por los delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio, a través de su abogado solicitó que el Poder Judicial cese el mandado de prisión preventiva.

Tras un minucioso análisis de esa pretensión, el juez de Investigación Preparatoria, Vicente Fernández Tapia, finalmente decidió declarar infundada la solicitud de cesación de prisión preventiva que formuló Amoroto Ramos a través de su defensa técnica.

El caso es seguido de cerca por un importante sector de la población de Los Aquijes que se opone a que Amoroto retorne a la alcaldía. Hace tres días hubo un plantón de moradores, precisamente, demandando que no se le levante la orden de prisión preventiva. Al contrario, exigen que el suspendido alcalde se ponga a derecho y que enfrente en persona los delitos imputados, vinculados con el escandaloso caso de tramitadores de brevetes.

De acuerdo a la resolución judicial de primera y segunda instancia, los 12 meses de prisión preventiva se cuentan a partir de la fecha en que se ponga a derecho o cuando sea capturado por la Policía. El exgobernador Javier Gallegos que enfrentó el mismo caso se puso a derecho y ahora camina libre, esperando concluya la investigación preparatoria.