En un esfuerzo conjunto por fortalecer la lucha contra los delitos ambientales, la Corte Superior de Justicia de Ica fue sede del I Taller Descentralizado sobre Delitos Ambientales, organizado por el Poder Judicial del Perú y la Comisión Nacional de Gestión Ambiental, bajo el lema “Por una justicia ambiental para todos y todas”, desarrollado el pasado 7 de noviembre del año en curso.

El evento reunió a distinguidas autoridades nacionales e internacionales, entre ellas representantes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía Provincial de Málaga (España), el Ministerio Público del Perú y del Proyecto “Apoyo de las Fuerzas de la Ley de la Unión Europea en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en el Perú”.

Durante la ceremonia de inauguración, el presidente encargado de la Corte Superior de Justicia de Ica, doctor Tito Guido Gallegos Gallegos, destacó el compromiso institucional con la defensa del ambiente como derecho fundamental. En sus palabras, expresó:

“La justicia ambiental no es una opción, es una necesidad urgente. Desde Ica, reafirmamos nuestro deber de proteger los recursos naturales, garantizar el equilibrio ecológico y sancionar con firmeza los delitos que atentan contra la vida y el futuro de nuestras comunidades”.

Asimismo, el doctor Gallegos subrayó la importancia de la articulación interinstitucional y el intercambio de experiencias internacionales:

“Este taller representa una oportunidad invaluable para nutrirnos del conocimiento comparado, fortalecer nuestras capacidades técnicas y avanzar hacia una justicia más verde, más humana y más efectiva”.

El programa académico incluyó ponencias de alto nivel sobre jurisprudencia internacional, trazabilidad del mineral, formalización minera y casos emblemáticos en delitos ambientales, con la participación de expertos como la jueza Marta Pizarro Mayo y el fiscal Juan Bautista Calvo-Rubio Burgos, ambos provenientes de España; además del fiscal Carlos Ochoa Flores, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Ica, y el doctor Henry Diburga Inga, secretario técnico de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial.