Con mucho gusto, hoy debo transcribir parte de mi tesis doctoral, que es un estudio que aborda por la notabilidad de cómo en las sociedades contemporáneas el tráfico de humanos en la forma de prostitución constituye una grave vulneración a las libertades básicas del ciudadano; su impacto anula el principio básico inherente a la persona y afecta de manera nociva a su bienestar físico y emocional. De esta manera, cosificando a la víctima y afectando su desarrollo integral como sujeto de protección; del mismo modo, configurando retos y desafíos respecto a las libertades fundamentales especialmente de aquellos que se atraviesan situaciones de desprotección; en ese sentido, la investigación contribuye al objetivo de desarrollo sostenible (ODS, 5) “Igualdad de género”, con la meta 5.2, como es el caso de eliminar todo tipo de violencia que afecte a las mujeres y niñas, la misma que se encuentra intrínsecamente ligada a la discriminación, la violencia de género y la trata con fines de explotación sexual, incluyendo otros modos de abuso.

Por otro lado, también el (ODS, 16) “Paz, justicia e instituciones sólidas”, en concordancia con la meta 16.2. En vista que este tráfico es toda forma de violencia y delito transaccional que desde luego requiere acciones efectivas por parte del órgano jurisdiccional y la protección inmediata a las afectados, así como el mejoramiento de los entes encargados de proteger las libertades básicas y el cumplimiento de la ley frente a este nefasto delito; además, favorecerá a la construcción de sociedades más seguras, inclusivas y respetuosas de la dignidad humana. De esta forma, buscando erradicar todo tipo de maltrato y explotación.

En el contexto global, en pleno siglo XXI, el tráfico de humanos se configura como un grave flagelo humano que impacta a básicamente a las mujeres, niñas y adolescentes en distintas regiones del mundo. Este delito es reconocido como una de las expresiones más extendidas de la criminalidad organizada transnacional, caracterizándose por su elevada rentabilidad y por su naturaleza profundamente lesiva, al afectar directamente a la dignidad humana y su proyecto de vida; lamentablemente, los tratantes utilizan todo tipo de mecanismos de explotación y cosificación, obteniendo beneficios económicos a costa de la violación sistemática de sus libertades primigenias, configurándose un ilícito de carácter pluriofensivo y opresivo.

De acuerdo con Kennedy et al. (2025), sostienen que la trata constituye una grave violación a las libertades naturales y una forma de esclavitud moderna con impacto global; de otro lado, en España, Valle (2021) refiere que en la actualidad existen personas en condiciones desfavorables que lamentablemente adolecen del   denominado trabajo en la   prostitución, donde se ven forzadas a mendigar y que se ven involucradas en actividades criminales; en tanto, todo el proceso de tráfico de ciudadanos se debe de tener en cuenta de los derechos básicos, es decir, no se puede obviar todo el camino por el que ha transitado la víctima. De igual forma, es esencial abordar la necesidad de salvaguardar las libertades de las víctimas.

Es relevante la posición que adoptan, Al-Tammemi et al. (2023), quienes enfatizan que el tráfico de humanos es considerado como un delito global, las cifras identifican la presencia de alrededor de 40 millones de afectados en el planeta; este delito tiene consecuencias negativas para la salud mental y física, fundada en la sensibilidad y las consecuencias negativas de la trata para el sistema global y las víctimas, y considerando la escasa investigación en este ámbito, precisando que la trata es un delito que involucra numerosas acciones, dentro de ellas el reclutamiento, el transporte, el alojamiento y el hospedaje. De la misma manera, implica el uso de una variedad de medios, incluido el engaño, el uso de la fuerza, la coerción y la extorsión con el propósito de obtener el consentimiento de la persona.

Por su parte, en México, Zurita (2021), sustenta que la violación de las libertades básicas tiene efectos catastróficos en la vida de las víctimas incluidas en su dignidad y libertad; menoscabando la autoestima y el bienestar físico; en ese sentido, enfatiza que a pesar de la protección con mecanismos nacionales e internacionales hacia las mujeres víctimas de este delito, los estados aún deben hacer más esfuerzos para reducir y erradicar este reprochable delito globalmente.

En el contexto peruano, la problemática se presenta como un grave daño que afecta directamente a las mujeres en situación de vulnerabilidad y constituyendo una grave violación a los derechos, a su vez, visualizándose la existencia de factores estructurales como la pobreza, el desempleo, informalidad laboral, el desplazamiento forzado, siendo propicio para el aprovechamiento de las organizaciones criminales que captan, trasladan y explotan a las víctimas dentro del contexto.

Cabe destacar que el observatorio nacional de seguridad ciudadana, (2025) reseña que el tráfico de humanos constituye un grave problema en el país, y -dentro de sus reportes estadísticos- durante el periodo del 2017 al 2025 existen cifras registradas del número de víctimas de 4,971 personas; asimismo, según sexo, el 79.1% son mujeres, en el rango de edad entre 18 a 29 años; por su parte el 77.9%, fueron captadas con fines de explotación sexual y laboral, y mayormente la persona que denuncia es la familia de la víctima con el 16.46%; por otro lado, dentro de las formas de captación el mayor porcentaje es la oferta de trabajo con un 69:1% y mayormente el medio empleado es el engaño con el 59.4%; estas cifras evidencian la magnitud de la problemática estructural que vulnera libertades al observar la problemática se requiere que las instituciones competentes implementen estrategias que contribuyan a su prevención y atención para garantizar sus libertades primigenias.

Resulta subrayar que Carbajal (2024) asevera que el delito de explotación humana representa una problemática global que expone a la víctima a situaciones degradantes e inhumanas, radicando en una forma moderna de esclavitud que sitúa al ciudadano como cosa comercial dentro de redes mercantiles, siendo trasladado a nivel nacional o internacional y, posteriormente, sometido a explotación o destinado a fines ilícitos; por su parte, Larico (2021) manifiesta que es el delito que mayor rédito económico genera procedido por el tráfico ilícito de drogas y el comercio de armas, de este modo, influyendo para que su incidencia sea cada día mayor. Distingue que la vulnerabilidad de la víctima es un factor trascendental para la configuración del delito, por lo que se entiende como aquella situación de riesgo por no contar con los medios económicos, por razones de género y así por no contar con soporte familiar, entre otros aspectos.

Es esencial precisar que existe una dependencia especializada contra las drogas y el delito (UNODC, 2023) reseña que, en el Perú, según estadísticas del observatorio del Ministerio Público, que durante el periodo de los años 2021 al 2022, la Fiscalía ha atendido a un total de 3,525 víctimas, desde los cuales el 43% eran extranjeras, acentuando que las víctimas en su mayor parte son de nacionalidad venezolana, ecuatoriana y colombiana, por lo que resulta la exigencia de fortalecer respuestas a nivel estatal, estrechar la cooperación internacional y elevar la conciencia social de los actores políticos y la sociedad civil, difundiendo las libertades naturales y garantizando la protección efectiva de los derechos básicos.

Debe ponerse de relieve que la inobservancia y la falta de respuestas oportunas a la lucha frontal de este delito permitirá que las organizaciones criminales se fortalezcan y financien economías ilícitas, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.

En el ámbito local, en Lima metropolitana, se puede evidenciar el aumento de la criminalidad, trayendo consigo el tráfico de humanos; desafortunadamente, esta actividad está aumentando debido a la falta de acciones efectivas para combatir y eliminar esta problemática social, por lo que es esencial hacer visibles los casos identificados de forma regular con el objetivo de ofrecer protección y apoyo a quienes han sido afectadas. De esta manera se aprecia que las organizaciones criminales se aprovechan de los flujos migratorios para captar a las víctimas del presente delito, en vista que las condiciones de vulnerabilidad, desarraigo, necesidad económica de quienes migran facilitan su manipulación; dentro de ese escenario, los tratantes ofrecen falsas oportunidades de empleo para mejorar sus condiciones de vida, utilizando la movilidad fronteriza como medio para trasladar, ocultar y explotar.

A la luz del día, el sistema judicial en Lima enfrenta grandes desafíos para abordar este fenómeno social y criminal de manera efectiva, es esencial dotarla de recursos esenciales y desarrollar programas de capacitación especializada con el propósito de fortalecer sus competencias en la identificación, atención y sanción en los casos previstos.

Será el trabajo de los administradores de justicia, los investigadores que este delito antiguo sea controlado y erradicado.