¿Cuál será el desafío sanitario más urgente de 2026? ¿El cambio climático? ¿La inteligencia artificial? ¿Las pandemias? ¿Las enfermedades crónicas no transmisibles? Estos problemas seguirán influyendo en la salud y la medicina. Sin embargo, en gran parte del mundo, los conflictos son un determinante fundamental de la salud de las personas y del funcionamiento de los sistemas sanitarios.

La carga de los conflictos armados y la violencia en todo el mundo es inusualmente alta, y sus efectos se extienden mucho más allá de los campos de guerra, con daños en zonas de guerra y en entornos civiles cada vez más normalizados. Con demasiada frecuencia, los conflictos se tratan como una externalidad de la salud; en realidad, son transversales a todas las principales agendas sanitarias, configurando los riesgos, las respuestas y la viabilidad del progreso.

En 2024, según los datos más recientes del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala (Uppsala Conflict Data Program), hubo 61 conflictos estatales. Muchos continuaron durante 2025 y continuarán en 2026. La guerra en Ucrania, Sudán y Gaza sigue generando profundos costos humanitarios y de salud, mientras que las crisis prolongadas (y a menudo subestimadas) en la República Democrática del Congo, la región del Sahel, Haití y Myanmar han provocado desplazamientos masivos, inseguridad alimentaria y el colapso de los servicios básicos.

Muchos de estos conflictos son prolongados, fragmentados y sostenidos por un impasse político; varios se enfrentan a una escalada. La violencia ya no es episódica ni se limita a regiones específicas, sino global y estructural, transformando la salud de la población, desestabilizando las instituciones y debilitando la gobernanza y la capacidad necesarias para sostener los avances en materia de salud.

Los impactos directos son impactantes: desplazamiento, hambre, pobreza e interrupción prolongada de la atención de enfermedades crónicas no transmisibles y salud materno infantil. En Ucrania, se han documentado más de 2 000 ataques a instalaciones de salud desde 2022, lo que ha afectado sus servicios de emergencia, el manejo de las enfermedades crónicas y la atención oncológica, y ha contribuido al deterioro generalizado de la salud física y mental.

En Sudán, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha documentado más de 200 ataques a establecimientos y trabajadores de la salud desde 2023, lo que ha causado casi 1 900 muertes entre civiles y personal de salud, y ha restringido gravemente el acceso humanitario. En el territorio ocupado de Palestina, las hostilidades sostenidas han provocado el colapso de los servicios de salud esenciales, inseguridad alimentaria generalizada y repetidos ataques a los proveedores de atención. Los conflictos contemporáneos no solo interrumpen los sistemas de salud, sino que los desmantelan de forma activa.

Los conflictos también impulsan la securitización de la salud, restringiendo el acceso a los datos, politizando la vigilancia y limitando la investigación independiente y la sociedad civil, lo que debilita los sistemas institucionales que sustentan la salud pública. Cuando la información sanitaria se oculta, se distorsiona o se trata como un activo de seguridad en lugar de un bien público, se socavan la equidad, la rendición de cuentas, la vigilancia y la preparación, el monitoreo ambiental y climático, y la prestación y coordinación de servicios esenciales.

Entonces, el desafío para la salud en 2026 no es solo la persistencia de las guerras existentes, sino también el creciente riesgo de escalada y propagación. La inestabilidad política y las tensiones económicas convergen de maneras que aumentan la probabilidad de nuevos conflictos o de que se intensifiquen. El cambio climático, la escasez de agua y la inseguridad alimentaria se entrelazan cada vez más con la violencia, lo que amplifica los desplazamientos (migraciones), frena la recuperación y supone una carga adicional para los ya frágiles sistemas de salud. Estas presiones no se limitan a los entornos de conflicto. La interrupción de las cadenas de suministro, los movimientos de población y la inseguridad regional significan que ningún sistema de salud está a salvo de los efectos de la violencia en otros lugares.

Todas las agendas de salud se ven muy obstaculizadas donde persiste el conflicto. Dependen del funcionamiento de los sistemas de salud, tener datos fiables, cadenas de suministro estables y la confianza pública; ninguna combinación de medicamentos, tecnologías de vigilancia o mecanismos de financiación puede compensar su ausencia.

La autoridad política para poner fin a las guerras reside en los gobiernos, pero la comunidad sanitaria tiene una responsabilidad específica: documentar los daños, proteger la integridad de los sistemas y datos de salud, abogar por la protección de los sistemas de salud y de la población civil, y garantizar que el conflicto se reconozca y se aborde como un determinante social crítico de la salud.

El derecho a la salud se estableció en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se reafirmó en la Declaración de Alma Ata y sigue estando arraigado en las prioridades contemporáneas de la OMS. No existe un camino creíble para lograrlo que pueda pasar por un conflicto perpetuo. Responder a las consecuencias de la guerra para la salud es necesario, pero no puede sustituir las condiciones necesarias para construir, proteger y mantener los sistemas de salud. Las ambiciones de equidad, resiliencia, preparación y acceso universal no pueden alcanzarse en un contexto de inseguridad crónica. La paz no es cercana a la salud; es fundamental.

Fuente: publicado el 3 de enero de 2026, como editorial del actual número de la revista LANCET. Enlace: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(25)02596-6/fulltext