Daniel Bravo Dextre 

La regidora provincial Leydy Loayza Mendoza, ejerciendo su labor fiscalizadora, expresó a través de las redes sociales su preocupación y extrañeza porque hasta el momento no entra en funcionamiento la Central de Monitoreo C5 y las 485 cámaras inteligentes para monitoreo en tiempo real, cuya inauguración se concretó el pasado 6 de marzo, y cuyo costo supera los 65 millones de soles. 

“Hace dos meses se inauguró la mega obra de las cámaras de seguridad, el centro de monitoreo y los puestos de auxilio rápido y vigilancia. El tema es que urge que estos equipos estén operativos. Alto a la burocracia, seamos expeditivos. Meta, logro, indicador, resultado y seguimiento, esa es la ruta. Hoy constaté in situ (el problema). Ahora, general de la PNP y funcionarios, no le pongan pausas ni excusas, resuelvan”, expresó contrariada mientras se detenía frente a un puesto de auxilio rápido. 

Leydy Loayza, quien es periodista profesional, exdecana departamental del Colegio de Periodistas y funcionaria del ANA, anunció que en el más breve plazo estará presentando documentos a las autoridades, pidiendo explicaciones por la demora en el funcionamiento del sistema de vigilancia provincial. 

No precisó ante qué organismos presentará la demanda fiscalizadora; pero, se entiende que será ante la municipalidad provincial de Ica y ante el Frente Policial Ica, en razón a que estas dos entidades hace dos meses recepcionaron del gobierno regional la central de monitoreo y las cámaras. 

Es de suponer que durante dos años en que duró la licitación, construcción, implementación y pruebas, el gobernador Jorge Hurtado y sus funcionarios instruyeron al alcalde, funcionarios y jefes policiales cómo será el funcionamiento del sistema de cámaras, a fin de que se encarguen del sistema de monitoreo de seguridad ciudadana, incluyendo los modernos laboratorios de criminalística que ya deberían estar funcionando. 

Como se sabe, este moderno sistema tiene como objetivo brindar mayor protección a las familias iqueñas mediante el uso de herramientas tecnológicas de última generación y una articulación permanente entre las instituciones responsables de la seguridad, o sea la municipalidad y la Policía Nacional. 

Si la regidora Loayza no sabe qué está pasando, por qué hasta el momento en dos meses de inauguración no se ven resultados (acaban de asesinar a un adolescente en el barrio de Acomayo por la pugna de obras), menos podrá saber un ciudadano de a pie que no se siente protegido por sus autoridades.