Pedro Seguisfredo Méndez León, Abogado con Maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales, Doctorando en Derecho Penal.

En Ica parece que hemos desarrollado una extraña relación con el tiempo judicial. Las víctimas cuentan los días, las familias cuentan los meses y algunos expedientes, tranquilamente, cuentan los años. Se investiga, se dispone, se programa, se reprograma, se deriva, se vuelve a disponer y, mientras el papel hace su paciente recorrido por los escritorios, los muertos continúan muertos y las respuestas siguen llegando con una puntualidad admirable, tarde.

El asesinato del periodista y abogado Gastón Medina no merece convertirse en uno más de esos expedientes que envejecen mejor que sus investigaciones. Ha transcurrido más de un año desde que fue asesinado a balazos frente a su domicilio en Ica y, aunque existen detenidos, pericias, audios, testimonios, amenazas previas y una investigación destinada a determinar quién estuvo detrás del crimen, todavía permanece abierta la pregunta que verdaderamente importa, quién ordenó matar a Gastón Medina.

Ahora el caso vuelve a incomodar y quizá esa sea precisamente la palabra correcta. Nuevas revelaciones periodísticas han colocado nuevamente sobre la mesa una investigación en la que aparece mencionado Carlos Zegarra Sánchez, hoy diputado por Ica, quien niega cualquier participación y, como corresponde en un Estado de derecho, conserva intacta su presunción de inocencia. Que quede claro desde el comienzo, esta columna no pretende condenar a quien no ha sido condenado, reemplazar fiscales por periodistas ni jueces por columnistas, pero tampoco confundamos presunción de inocencia con presunción de amnesia.

Investigar no es condenar, citar no es sentenciar y preguntar no es difamar. Determinar si una persona tuvo o no participación en un hecho constituye precisamente la razón por la cual existen fiscales, diligencias y carpetas de investigación. Si después de más de un año una persona mencionada en una línea investigativa relevante puede afirmar públicamente que ni siquiera ha sido citada, entonces la pregunta ya no solamente debe dirigirse hacia el investigado, también debe mirar hacia el escritorio del investigador.

Antes de que las balas hablaran, ya habían hablado las amenazas. En marzo de 2023, casi dos años antes de su muerte, Gastón utilizó su propio programa en Cadena Sur TV para hacer público que había recibido información sobre un supuesto plan para asesinarlo. No habló después de muerto ni apareció algún intérprete oportunista para poner palabras en su boca. Lo dijo él mismo, frente a cámaras y mientras todavía podía hacerlo.

En aquella historia apareció Víctor “Chino Mere” Huamaní, quien intervino en vivo y realizó afirmaciones graves, entre ellas, señaló a Carlos Zegarra Sánchez y advirtió a Gastón que debía tomar garantías para proteger su vida. No estamos diciendo que aquella conversación pruebe quién ordenó posteriormente su asesinato, hacerlo sería jurídicamente irresponsable, pero tampoco podemos fingir que nunca ocurrió, porque una amenaza previa no prueba automáticamente un homicidio futuro, aunque cuando el amenazado termina asesinado a balazos, lo mínimo que debería despertar es algo de curiosidad investigativa.

La historia tuvo suficientes giros como para que cualquier fiscal serio necesitara algo más que café y paciencia. “Chino Mere” modificó posteriormente su versión y aparecieron audios que presentaban una trama distinta, incluso una en la que el propio Zegarra habría sido objetivo de un supuesto atentado. Precisamente por eso este caso necesitaba, y necesita, investigación, pericias, confrontación de versiones y determinación objetiva de responsabilidades, porque cuando todos se acusan de querer matar a todos, la solución jurídica no consiste en escoger al personaje que nos cae peor, sino en averiguar quién decía la verdad.

Gastón continuó haciendo periodismo, denunció presuntos hechos de corrupción, cuestionó autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Ica, habló de irregularidades y siguió utilizando el micrófono con esa incómoda costumbre que tienen algunos periodistas de preguntar aquello que el poder preferiría no contestar. Las amenazas tampoco eran una novedad en su vida profesional, años antes había recibido incluso un sobre acompañado de municiones y un mensaje anunciándole que moriría, una advertencia suficientemente explícita como para no necesitar diccionario.

El 20 de enero de 2025 las amenazas dejaron definitivamente de ser palabras. Gastón Medina fue atacado a balazos frente a su domicilio en Ica y murió poco después. El periodista que había contado públicamente que temía por su vida terminó asesinado por un sicario, mientras aquellas advertencias que durante años pudieron parecer exageraciones, disputas políticas o parte del folclore oscuro de nuestra región adquirieron, de pronto, un significado imposible de ignorar.

Pero la historia reservaba otra coincidencia que merece ser investigada y no novelada. Víctor “Chino Mere”, el mismo hombre que en 2023 había realizado aquellas afirmaciones durante el programa de Gastón y que luego cambió su versión, fue asesinado a balazos el 3 de marzo de 2025, apenas semanas después del crimen del periodista. Su muerte no demuestra por sí misma conexión alguna entre ambos asesinatos, aunque pretender que semejante sucesión de hechos no merece una investigación exhaustiva exigiría una capacidad para mirar hacia otro lado verdaderamente envidiable.

Algo se ha avanzado y sería injusto negarlo. La investigación permitió identificar a presuntos participantes materiales del asesinato, se dictaron medidas restrictivas, se realizaron diligencias y apareció un arma vinculada al crimen, con un detalle que no puede pasar como simple decoración del expediente. Una pistola registrada a nombre de un efectivo policial habría terminado vinculada al asesinato de un periodista. Eso no demuestra automáticamente participación del efectivo ni autoriza conclusiones irresponsables, pero convengamos en que tampoco es el tipo de coincidencia que uno archiva entre los asuntos sin importancia.

En una investigación por sicariato, el arma no es solo un pedazo de metal. Puede ser una ruta. Y las rutas, cuando se siguen correctamente, suelen conducir a personas. Lo mismo ocurre con el dinero, porque los sicarios rara vez trabajan movidos por convicciones filosóficas. Alguien contacta, alguien vigila, alguien proporciona información, alguien facilita medios y alguien paga, salvo que ahora también debamos creer que el homicidio por encargo se ha convertido en servicio comunitario.

Por eso, encontrar al hombre que dispara nunca debería significar que el caso está resuelto. El ejecutor material es apenas el último eslabón visible de una cadena cuya parte más importante suele encontrarse bastante lejos del gatillo. La pregunta por la autoría intelectual no es un lujo académico ni una obsesión periodística. Es el corazón del caso. Si alguien mandó matar a Gastón, la justicia no puede conformarse con capturar solamente la mano que disparó, debe llegar hasta la cabeza que ordenó.

Y aquí aparece una de esas peculiaridades de nuestra justicia que resultan difíciles de explicar sin sarcasmo. Para algunas cosas el aparato penal corre como si disputara una final olímpica, pero para otras descubre repentinamente las virtudes espirituales de la contemplación. Pasan los meses, cambian los fiscales, crecen los tomos, se acumulan disposiciones y el ciudadano termina aprendiendo una nueva unidad de medida procesal, el “estamos investigando”, expresión extraordinariamente elástica que puede durar meses, años y, con suficiente paciencia institucional, hasta que todos olviden por qué empezó la investigación.

Podrán existir carga fiscal, falta de personal, carencias logísticas y despachos saturados. Nadie sensato desconoce esa realidad. Pero cuando investigamos la muerte de una persona, y mucho más cuando existen elementos que podrían conducir hacia quienes habrían ordenado un asesinato, el Estado no puede responder eternamente con el equivalente procesal de “estamos viendo”. La Fiscalía no administra una hemeroteca de tragedias, dirige investigaciones penales.

Carlos Zegarra debe recibir exactamente el mismo tratamiento que cualquier persona comprendida en una hipótesis fiscal. Ni persecución política por ser diputado ni contemplación política porque ahora lo sea. Si los elementos que motivaron su mención no resisten una investigación seria, que se establezca y se diga. Si existen elementos que justifican nuevas diligencias, que se practiquen. Si corresponde descartarlo, que se descarte. Si corresponde avanzar, que se avance conforme a ley, sin preguntar primero si incomoda a una curul, a un partido, a una fotografía o a un apellido.

La presunción de inocencia jamás puede convertirse en presunción de intocabilidad. Ser investigado no convierte a nadie en asesino, pero ser diputado tampoco convierte a nadie en inmune frente a las preguntas. Una curul representa ciudadanos, no funciona como certificado de buena conducta; una elección otorga representación política, no inocencia penal; y ningún voto, por más legítimo que sea, reemplaza una pericia, borra un indicio o responde una interrogante pendiente dentro de una carpeta fiscal.

Gastón fue abogado y periodista, dos profesiones que, cuando se ejercen correctamente, tienen una incómoda costumbre en común, preguntar. El abogado pregunta porque necesita probar, el periodista pregunta porque necesita informar, y el poder, en cualquiera de sus formas, suele llevarse bastante mal con ambos cuando las preguntas llegan donde no deberían. Pero a las preguntas se responde con argumentos, a las denuncias se responde con pruebas, a las investigaciones se responde ante las autoridades y a las preguntas no se les responde con balas.

Este caso no puede volver a dormirse cuando termine el ciclo de noticias. Beto Ortiz podrá preguntar, La República podrá investigar, otros periodistas podrán publicar y nosotros podremos escribir columnas hasta gastar el teclado, pero ninguno de nosotros puede ordenar una pericia, levantar el secreto de comunicaciones, dirigir una diligencia fiscal ni formular una acusación. Esa responsabilidad pertenece al Estado y, particularmente, al Ministerio Público.

Gastón Medina ya no puede defender sus investigaciones, volver a encender una cámara ni exigir personalmente que se esclarezca su propia muerte. Esa obligación quedó en quienes administran justicia y en una sociedad que no debería permitir que el paso del tiempo convierta un asesinato en archivo histórico. Porque quizá ese sea el triunfo que busca quien manda matar a un periodista, no solamente eliminar una voz, sino conseguir que después todos hablen más bajo.

A Gastón pudieron quitarle la vida. A la justicia no podemos permitirle que le quite también la verdad. El Derecho no está para callar, está para incomodar.