Por: Raúl Bravo Sender rantoniobravo@yahoo.com

Desde el 2002 llevamos en el Perú un proceso de descentralización cimentado sobre la base de elecciones a gobiernos regionales, los cuales -actualmente- se encuentran circunscritos geográfica y territorialmente en los departamentos. Desde los inicios republicanos el Perú adoptó la forma del Estado Unitario. Éste se caracteriza por concentrar en el Gobierno central la potestad de legislar a nivel nacional para todos los habitantes que habitan el territorio patrio, bajo los principios de legalidad y territorialidad.

Es cierto que hemos tenido experiencias descentralistas, desde asambleas, concejos, juntas, organismos de desarrollo, corporaciones de desarrollo, intendencias. Hoy en día vienen funcionando los denominados Gobiernos Regionales, los cuales se rigen por su ley orgánica, en concordancia con lo previsto en la Constitución Política, la cual establece en su artículo 192 entre otras competencias de los gobiernos regionales: (i) promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes, (ii) promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a ley y, (iii) fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional.

Luego de 24 años del actual proceso de descentralización ¿cuál es el balance del mismo? ¿Acaso se ha logrado lo previsto en el artículo 188 de la Constitución, el cual establece que la descentralización tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país? Lo que hemos apreciado de las distintas gestiones de gobiernos regionales a nivel nacional durante estos años es que la corrupción se ha reproducido en estas instancias de administración pública, configurándose incluso mafias que van desde tramitadores de licencias hasta mafias que se han coludido con el crimen organizado y la extorsión, y que las vemos pugnar por gestionar el presupuesto público que ahora se encuentra en el significativo porcentaje del 23% en los gobiernos regionales.

Si los gobiernos regionales deben promover el desarrollo socioeconómico regional, así como promover actividades y servicios como las de minería, entonces nos preguntamos ¿cómo es posible que regiones como las de Cajamarca o Huancavelica, que tienen inmensos recursos minerales, actualmente por el contrario lideren los índices de pobreza con tasas entre el 34% y 41% -según el IPE-? ¿Qué es lo que está pasando?

Un caso en particular lo constituye la región de Puno, que según el IPE en pobreza bordea el 37.5%. Una región que tiene todo el potencial en turismo, minería, comercio, y otras actividades, se encuentra postrada. Y es sintomática cómo es posible que, tras la caída del entonces presidente Pedro Castillo y la asunción presidencial de su vicepresidente Dina Boluarte, desde esta región agitadores sociales azuzaron a la población llevándola a tomar Lima bajo una supuesta rivalidad entre la capital y las regiones del interior del país, como si Lima fuera la responsable del atraso de las regiones y provincias.

Lo cierto es que son las desastrosas gestiones de estos gobiernos regionales las verdaderas responsables del atraso del Perú. En ese sentido, urge repensar el proceso de descentralización, más aún cuando en octubre de este año elegiremos nuevas autoridades para los gobiernos regionales y locales. Nos preguntamos si es que acaso los actuales candidatos, de todas las organizaciones políticas, ¿saben realmente a lo que postulan, o solo lo hacen porque representan grupos de intereses mercantilistas que pugnan por el presupuesto para favorecerlos con una obra, una concesión o un privilegio?