Pedro Seguisfredo Méndez León, Abogado con Maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales, Doctorando en Derecho Penal.

Durante años nos enseñaron que una de las armas más eficaces contra el crimen organizado era la infiltración, meter policías dentro de las bandas, conocer sus movimientos y anticiparse al próximo secuestro. La teoría era impecable; el problema es que algunos delincuentes también parecen haber entendido que el procedimiento podía funcionar al revés. Una organización criminal con sicarios es peligrosa, una con dinero es poderosa, pero una con información desde dentro del Estado juega con ventaja antes del silbato.

Cuando Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, fue capturado y afirmó que recibía información de policías sobre los operativos destinados a encontrarlo, lo primero que corresponde hacer jurídicamente es desconfiar. La palabra de un delincuente no se convierte en escritura pública porque aparece frente a una cámara; puede mentir o embarrar a quienes lo persiguieron. El problema aparece cuando antes de esa frase ya existían versiones policiales, informes y actuaciones sobre efectivos presuntamente vinculados a su entorno.

Entonces la pregunta cambia. Ya no interesa solamente saber si el delincuente miente, sino por qué algunas de sus afirmaciones se parecen demasiado a alertas que salieron desde la propia Policía. Cuando aparece un efectivo corrupto solemos escuchar la frase tranquilizadora, “es un caso aislado”. Puede ser. Pero cuando aparecen varios nombres, filtraciones de operativos y posibles apoyos internos, conviene guardar el frasco de “caso aislado” e investigar qué tan grande era la isla.

Este no es un artículo contra la Policía Nacional del Perú. Existen policías honestos, buenos investigadores y hombres y mujeres que salen a trabajar sin saber si regresarán a casa. Precisamente por ellos resulta indispensable perseguir con más dureza al policía que cambia la placa por el favor criminal, porque ese sujeto no solo traiciona al ciudadano; también puede traicionar al compañero que entra primero.

El verdadero problema es qué compra el delincuente cuando compra a un policía. No adquiere simplemente un hombre con uniforme; puede adquirir acceso, procedimientos, ubicación de unidades, identidad de investigadores y datos que valen bastante más que una pistola. Un sicario puede comprar un arma en el mercado negro; lo que no debería poder comprarse es saber cuándo lo van a capturar. Si una organización consigue eso, el Estado prepara el operativo mientras el delincuente prepara la mudanza.

Por eso debemos formular preguntas incómodas. Cuántos efectivos fueron investigados, cuántos terminaron procesados, si se siguió el dinero, si se revisaron comunicaciones cuando legalmente correspondía, si se determinaron patrimonios incompatibles y si se identificó quién entregaba información y quién la recibía. Sobre todo, si se siguió la cadena hasta donde llevara la evidencia o si nuestras investigaciones bajan rápido hasta el último suboficial, pero pierden potencia cuando el ascensor intenta subir de grado.

No afirmo que generales, coroneles o comandantes integren organizaciones criminales por ocupar esos grados. Hacerlo sin evidencia sería irresponsable. Pregunto algo más sencillo. Si una investigación encuentra evidencia que apunta hacia arriba, ¿estamos preparados para dejarla subir? La responsabilidad penal es individual y ninguna placa reemplaza una prueba; pero tampoco debería impedir que esa prueba sea buscada.

La presunción de inocencia protege personas, pero no puede convertirse en desodorante institucional para pedirnos que dejemos de preguntar de dónde viene el mal olor. Si un policía es inocente, que una investigación seria lo proteja. Si es corrupto, que una investigación seria lo lleve ante la justicia. Lo que no sirve es esa zona gris donde nadie sabe nada, nadie vio nada y todos esperan que el escándalo envejezca.

El control de integridad no puede ser una fotografía tomada el día que alguien entra a la escuela policial; debe acompañar toda la carrera. Las unidades sensibles deben registrar quién consulta información, cuándo la consulta y para qué. Si medio mundo conoce el operativo secreto, quizá lo único secreto sea para el ciudadano que mira televisión.

No necesitamos una cacería de policías, necesitamos investigaciones profesionales para distinguir al corrupto del que tuvo la desgracia de trabajar a su lado. El Derecho Penal no trabaja por apellidos colectivos ni condena uniformes; individualiza conductas y responsabilidades. Pero tampoco me vengan con el espíritu de cuerpo entendido como silencio. El verdadero espíritu de cuerpo debería consistir en proteger al policía que cumple la ley del compañero que la vende. La placa identifica al servidor público, no concede membresía vitalicia a una asociación de impunidad.

En Ica sabemos por qué esa diferencia importa. El asesinato de Gastón Medina continúa exigiendo respuestas, no solo sobre quién habría apretado el gatillo, sino sobre quién ordenó, quién pagó, quién facilitó medios y cómo llegó el arma al crimen. En un homicidio por encargo, el Derecho Penal no puede detenerse en el dedo que dispara; tiene que caminar hacia la cabeza que decide y el bolsillo que paga.

Capturar a alguien no significa haber resuelto el caso. En el Perú aparece un detenido, lo ponen frente a una mesa con celulares, municiones y suficientes policías detrás como para recuperar una provincia, y de inmediato sentimos que el Estado volvió a funcionar. El inconveniente jurídico es que una captura no equivale a una condena ni demuestra que toda la estructura fue descubierta. Queremos saber quién dispara, pero también quién consiguió el arma y quién lo ordenó.

Limpiar la Policía no significa atacarla. Significa defenderla. Si descubro una rata en mi casa, no estoy atacando mi casa cuando la saco; la estoy cuidando. Lo extraño sería encariñarme con la rata para no perjudicar la reputación de la sala. No se protege a la Policía ocultando al corrupto, se la protege separándolo del policía honesto que sí merece respaldo, equipo, capacitación, respeto y confianza ciudadana.

La verdadera victoria no será solo capturar a otro monstruo y exhibirlo ante las cámaras. La verdadera victoria será que el delincuente vuelva a temer que, cuando la Policía vaya por él, no haya nadie adentro dispuesto a avisarle. Será que el policía honesto sepa que su institución lo respalda y que el corrupto entienda que la placa no lo protege, sino que agrava la dimensión de su traición al Estado.

Porque si el crimen organizado aprendió a infiltrarse en el Estado, el Estado tendrá que aprender a reconocer al delincuente incluso cuando ya no esté parado enfrente, sino sentado adentro.

El Derecho no está para callar, está para incomodar.