La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Educación de Ica, advirtió que esta entidad atendió parcialmente las disposiciones del Ministerio de Educación (Minedu) relacionadas con el Concurso Público de Acceso a Cargos Directivos y de Especialistas en Educación 2025-2026. La principal observación está vinculada con el aplazamiento de las investigaciones administrativas contra los integrantes del Comité Evaluador, situación que podría comprometer la transparencia del proceso.

La alerta está contenida en el Informe de Orientación de Oficio N.° 026-2026-CG/OC0723-SOO, elaborado tras una evaluación realizada entre el 26 y el 30 de octubre de 2026 y notificado el 2 de noviembre al titular de la DRE Ica, José Luis Huamán Orosco.

La intervención del órgano de control se originó a partir de una denuncia ciudadana que advertía presuntas irregularidades en la evaluación de postulantes al cargo de Especialista en Educación. Ante ello, la Dirección General de Desarrollo Docente (DIGEDD) del Minedu remitió el Oficio N.° 01740-2026-MINEDU/VMGP-DIGEDD, mediante el cual solicitó corregir las observaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

Cumplimiento parcial de disposiciones:

Según el informe, la DRE Ica cumplió dos de los requerimientos formulados por el Ministerio de Educación. El primero fue la corrección de los puntajes mediante la apertura excepcional del aplicativo informático administrado por la Dirección de Evaluación Docente (DIED). Esta medida permitió subsanar un error en el rubro de Trayectoria Profesional de una postulante, con lo que dos candidatas alcanzaron una puntuación final de 169 puntos.

El segundo cumplimiento correspondió a la reprogramación del cronograma de adjudicación de plazas, formalizada mediante el Oficio N.° 2336-2026-GORE-ICA-DREI/D.

Sin embargo, el OCI identificó que la entidad decidió postergar el envío de la documentación a la Secretaría Técnica para iniciar las investigaciones y determinar posibles responsabilidades de los integrantes del Comité Evaluador. Según lo dispuesto por la DRE Ica, esta remisión se realizaría recién después de culminado el concurso público.

Para el órgano de control, condicionar estas acciones al término del proceso representa un incumplimiento de las disposiciones emitidas por la DIGEDD y contraviene a la norma técnica que regula la Carrera Pública Magisterial.

Riesgos para el proceso

El informe también señala que esta actuación contravendría el principio de legalidad establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, así como disposiciones de la Ley General de Educación y de la Resolución Viceministerial N.° 086-2025-MINEDU.

De acuerdo con la evaluación del OCI, la demora en el deslinde de responsabilidades genera un escenario de incertidumbre que podría afectar la transparencia del concurso, el debido procedimiento y la adjudicación oportuna de las plazas docentes en la región.

Ante estas observaciones, la jefa del Órgano de Control Institucional, Florinda Imasumac Guerrero Heredia, remitió el informe a la DRE Ica y otorgó un plazo máximo de cinco días hábiles para que la entidad comunique las acciones preventivas o correctivas adoptadas, o aquellas que tenga previsto implementar, junto con la documentación que las sustente. (GFC)