Para el experimentado abogado iqueño José Carlos Ordoñez, la impunidad es la principal causa que origina la fuga de fondos en las instituciones públicas; por cuyo motivo, el letrado saludó el inicio de un megaoperativo de control por parte de la Contraloría General de la República que ha llegado desde Lima con más de 130 auditores y especialistas, quienes en un periodo de cuatro meses realizarán intervenciones en 164 instituciones de nuestra región, verificando en qué se han invertido más de mil 160 millones de soles destinados a las instituciones gubernamentales.
En declaraciones a este diario regional, Ordoñez dijo que era muy preocupante el nivel de corrupción que había alcanzado la región Ica, ya que existía el estimado de una fuga del tesoro público de cerca de 400 millones de soles sólo el año 2019 en nuestra región, según lo revelado por la Contraloría que corroboró la alerta lanzada a nivel nacional por la Defensoría del Pueblo.
Explicó que esto se debe porque hasta ahora, en más de 25 años, ninguna autoridad regional o municipal de la región Ica había recibido una condena o ido presa por actos de corrupción. “Esto le da una especie de confianza a las autoridades corruptas para seguir enriqueciéndose con dinero fácil que le roban al pueblo, pensando que no les pasará nada por la impunidad que campea en todo el aparato del Estado”, manifestó.
El gerente del Estudio de Abogados Ordoñez Asociados, que ha brindado asesoría a diversos gobiernos locales, indicó que este accionar delictivo se debe a que, generalmente, las acciones de control de las Oficinas de Control Institucional –OCIs- o el propio órgano regional de Control son prácticamente una rutina, realizan hallazgos y piden que levanten observaciones, se confabulan y todo queda “sacramentado”.
Ordoñez comentó que esta vez la situación es diferente, porque en el megaoperativo de control iniciado el lunes último está actuando la propia Contraloría General de La República, con la actuación de auditores y especialistas experimentados que están bajo las órdenes del contralor nacional Nelson Shack, quienes ejecutan el control in situ, basándose en los reportes contables de las obras y servicios.
“Esto se hizo hace más de 25 años en diversas provincias de Ica, cuyo operativo inopinado de control terminó denunciando penalmente a las autoridades infractoras, de las cuales algunas autoridades electas fueron a parar a la cárcel o quedaron inhabilitadas, como ocurrió en Palpa”, enfatizó.
También dijo que le parecía muy sospechosa la actuación de los organismos de control y del sistema judicial, ya que en Ica aún no se sanciona a ninguna autoridad involucrada en actos de corrupción; mientras que en otras regiones como Ancash, Puno, Moquegua, Tacna y otras han sido sentenciadas e inhabilitadas diversas autoridades regionales y municipales.
Ciertamente que todo el problema de impunidad no sólo se concentra en la Contraloría Regional, sino también en el Ministerio Público y en el Poder Judicial que terminan archivando las denuncias o absolviendo a los implicados, conforme ocurrió con el escandaloso robo de cerca de seis millones de soles que formaron parte de los 18.5 millones de soles que Defensa Civil destinó a Ica para el recojo de escombros a causa del terremoto del año 2007, y en el tráfico de los bonos de seis mil soles a los damnificados que denunció la Comisión Canchis.
Inhabilitación
Con relación a algunos casos registrados últimamente en la región, el abogado José Carlos Ordoñez recordó que está vigente el Decreto Legislativo N°1243, en el cual se establece que los delitos de corrupción de funcionarios, por cobro indebido, malversación, colusión y otros, inhabilitan a las personas para ejercer un cargo público, aún provenga de elección popular. “Es decir, aquel que tiene condena por algún tipo de estos delitos debe ser inhabilitado para que, de manera directa o indirecta, no preste ningún servicio a las entidades públicas”, acotó.
Explicó que, de acuerdo a ley, tanto la jefatura o subgerencia de Logística, así como la Gerencia Administrativa del gobierno regional, municipalidad u otra entidad estatal, son las responsables de hacer el filtro de aquellas personas que no son competentes para el cargo. “Lógicamente, si llegasen a presentar este tipo de sentencias las personas no deben ser contratadas. En caso no se realice este tamiz y los impedidos por ley sean contratados y, peor aún, se les pague, la autoridad y el funcionario competente estaría cometiendo delito de peculado”, remarcó.
“Toda esta cadena de gasto viene con responsabilidad compartida, pues la contratación indebida, más el pago indebido al contratado por bienes o servicios, está tipificado como delito”, concluyó nuestro entrevistado.
Daniel Bravo Dextre
