Ante la continua depredación de dunas y huarangos, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ica realizó el pasado lunes por la mañana una diligencia de inspección en la Zona de Reserva Paisajística de residencial La Angostura, denominada así de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 017-2003-MPI y Ordenanza Municipal N° 015-2020-MPI.
La diligencia estuvo a cargo del fiscal adjunto Carlos Ochoa Flores, con la participación de representantes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre –Serfor-, de la municipalidad provincial de Ica y de las inmobiliarias.
Asimismo, del presidente de la residencial ARLA, Ronald Romero, el abogado de la asociación y algunos residentes, quienes cuestionan el accionar de dos inmobiliarias que no estarían acatando las mencionadas ordenanzas, procediendo con la construcción de pistas y veredas, reservorio de concreto y construcción de oficinas para venta de lotes, en dicha área de reserva.
También denuncian que las inmobiliarias no tendrían aprobada la habilitación urbana, al no tener factibilidad para el servicio de agua potable y alcantarillado, “requisito necesario, obligatorio e ineludible para lograr la aprobación de habilitación urbana, y así poder construir”.
Igualmente, sostienen que no contarían con los permisos correspondientes “por ser zona de reserva paisajística de acuerdo a las ordenanzas mencionadas, las cuales indefectiblemente no se les va poder conceder si es para la construcción de viviendas u otras obras de fierro y cemento porque alterarían su composición natural”, según menciona el letrado José Carlos Ordoñez, quien a la vez tiene la condición de residente afectado.
Al final de la diligencia, el fiscal reveló que para poder emitir un pronunciamiento primero esperará los informes de las instituciones participantes en la inspección; además de evaluar la denuncia formulada y los descargos por escrito que formulen los representantes de las inmobiliarias, quienes sostienen que la zona utilizada es de propiedad privada y que contarían con la respectiva habilitación urbana por parte de la comuna iqueña.
El caso guardaría relación con el tema de la Reforma Agraria, donde hubo gran número de denuncias de terreros eriazos, los cuales fueron cedidos en uso por el sector Agricultura, bajo el compromiso que los conviertan en terrenos de cultivo.
Con el paso de los años, muchos denunciantes se “olvidaron” del compromiso asumido y se coludieron con malas autoridades municipales, so pretexto de la expansión urbana, y en lugar de sembrar productos de panllevar, vid o algodón, colocaron fierro y cemento, obteniendo millonarios ingresos con la venta de lotes.
Daniel Bravo Dextre
