En la mañana de hoy sería recluida en el penal de Cachiche, Jill Stefany Chacaliaza Castro, asistente administrativa de la Primera Fiscalía Superior Penal de Ica, con la finalidad de que cumpla los 12 meses de prisión preventiva que le impuso el juez por el delito de cohecho pasivo específico.
La servidora del Ministerio Público que fuera sorprendida recibiendo dinero, supuestamente para favorecer a un investigado por el delito de violación sexual, desde el viernes pasado ha permanecido recluida en la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Ica, luego de que el juez Miguel Angel Díaz Chirinos emitiera tan drástica disposición.
En la referida audiencia, la fiscal adjunta del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, Cynthia Irina Katiuska Trigozo Vásquez, sustentó el requerimiento de prisión preventiva de 18 meses (Díaz Chirinos lo rebajó a 12) ante el referido juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, exponiendo los graves y fundados elementos de convicción que relacionan a la investigada con el hecho delictivo, la prognosis de la pena que supera los cuatro años, además del peligro procesal y obstrucción a la justicia, cuyos presupuestos están establecidos en el artículo 268° del Código Procesal Penal, respecto a la prisión preventiva.
Argumento jurídico
El Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción basó su argumento en la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, previsto en el artículo 396° del Código Penal, concordante con el segundo párrafo del artículo 395° del citado código, que prevé el delito de cohecho pasivo especifico en agravio del Estado peruano.
Según el argumento fiscal, Chacaliaza Castro, en su condición de asistente administrativo en el Sistema Fiscal, habría solicitado dinero al denunciante de apellido Dextre Briceño, bajo la promesa de favorecer al hermano de éste con la proyección de una resolución fiscal de ratificación de sobreseimiento de una investigación penal, por el delito de violación sexual en agravio de menor de edad, la misma que semanas antes fue remitida en consulta a la Primera Fiscalía Superior Penal, donde la investigada se desempeña como encargada de mesa de partes.
Por este “favor legal” la imputada trabajadora, por intermedio de terceras personas -según audios y la investigación preliminar-, habría solicitado un supuesto pago de 80 mil soles, el cual fue rebajado en 60 mil que debería cancelarse en dos partes de 30 mil. La primera parte fue pactada para que sea entregada el miércoles pasado en tres sobres conteniendo 10 mil soles cada uno.
La servidora fiscal fue detenida el mismo miércoles 18 dentro de un operativo anticorrupción, dirigido por la fiscal provincial Noris Elva Ricse Cisneros, hallándose en la mano la carpeta fiscal N° 4240-2018, tramitada en el Poder Judicial con el Caso N° 925-2019, cuando salía de su oficina y bajaba por las escaleras.
La investigación del caso ha sido declarada en reserva, por lo que no se conocen mayores detalles de la misma. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción continúa con las indagaciones a fin de conocer si existen más implicados en esta sonada intervención que podría darnos más de una sorpresa, tanto en la ampliación de la declaración de Chacaliaza Castro o en los actuados en caso la detenida se acoja a la terminación anticipada o colaboración eficaz.
Daniel Bravo Dextre
