Cuatro funcionarios del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha -PETACC-, organismo adscrito al gobierno regional de Ica, estarían comprometidos en el grave perjuicio económico causado al Estado por la obra de ensanchamiento del río Ica.
Se trataría del jefe del proyecto, Edwin Manchego Meza; la jefa de la Unidad de Abastecimiento, María Isabel Misaray Aparcana; el director de la Oficina de Administración, Evaristo Luciano Carpio Figueroa, y el director de la Oficina de Asesoría Legal, Joel Edwin Auris Pillaca, según revelaron fuentes de la Contraloría.
Sobre este candente tema y otros, como las fisuras y deformaciones detectadas en la obra de mejoramiento de la carretera puente Vizcas – Saramarca, en Palpa, trató ayer el diálogo sostenido por los congresistas José Luis Elías Avalos y Raúl Huamán Coronado con el gerente regional de Control de Ica, Roy Vera Chung.
Dentro de la semana de representación, ambos legisladores se constituyeron a las 10:00 de la mañana de ayer a la sede de la Contraloría, ubicada en la Av. Los Maestros, siendo recibidos en su despacho por el contralor regional, quien les informó sobre las acciones de control encaminadas, las mismas que están dando efecto, como es el caso de la obra de construcción del estadio “Hugo Sotil” de Parcona, donde existe sentencia en primera instancia con orden de prisión efectiva para los involucrados.
Al final de la reunión, Elías Avalos informó a la prensa que los funcionarios cuestionados del Petacc enfrentarían procesos administrativos y penales, mientras que la empresa contratista que entregó la carta fianza de manera irregular está siendo requerida en la vía civil para que repare el daño económico causado al Estado y que asciende a más de dos millones de soles, según lo habría revelado el contralor regional en la visita de trabajo.
Dijo que esta grave irregularidad está ocasionando lentitud en la ejecución de la obra que consta de cinco etapas o tramos, ya que la empresa que ganó la licitación sólo está construyendo la primera etapa Los Molinos-Chanchajalla y la quinta etapa localizada en Ocucaje, mientras que los tramos dos, tres y cuatro de la zona urbana de Ica están paralizados.
Reapertura de doble vía
De otro lado, Elías Avalos dijo que estaba gestionando ante el ministerio de Transportes-MTC y Provías la pronta reapertura del tramo culminado de la doble vía Paracas-Guadalupe, con la finalidad de mejorar la transitabilidad vehicular de la carretera Panamericana Sur, Ica-Lima-Ica.
Sostuvo que el MTC había formulado ciertas observaciones a la obra, pero que el trámite de levantamiento de observaciones podría seguir su curso normal sin afectar a los transportistas que necesitan pistas más seguras contra accidentes.
Posteriormente, los dos congresistas por Ica se dirigieron a las oficinas de Cofopri, donde solicitaron información del trámite de formalización de la propiedad, juntamente con dirigentes de asentamientos humanos de Ica, Pisco, Chincha, Nasca y Marcona, quienes expusieron su problemática de titulación.
Elías Avalos se comprometió a gestionar más personal para la oficina de Ica, con la finalidad de que Cofopri pueda cumplir con las metas del Plan Anual de Titulación.
Antecedentes
De acuerdo al proyecto, la obra de ensanchamiento está formada por cinco ítems, con el objetivo proteger a la ciudad de Ica del riesgo de desbordes e inundaciones, y representa una inversión de más de 200 millones de soles. La unidad formuladora y ejecutora es el Petacc.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 17502-2021-CG/GRIC-AC, (periodo de evaluación del 14 de noviembre 2019 al 2 de junio de 2021), reveló el pago de más de dos millones de soles de adelanto directo al contratista que presentó una carta fianza emitida por una entidad financiera que no cumplía con la clasificación de riesgo ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP -SBS-.
Según el informe, otras cartas fianza presentadas incluían un párrafo que contraviene lo señalado en el artículo N° 1898 del Código Civil, estableciendo requisitos que condicionaban la forma de pago, y que precisa: “De no cumplirse con dichos requisitos dentro de los cinco días de notificada la solicitud, el requerimiento de ejecución de la carta fianza se entenderá como no efectuado.”
Otro aspecto identificado es que, vencida la garantía, la entidad aceptó las renovaciones con cartas fianza que fueron emitidas por la misma entidad financiera y ante la declaratoria de nulidad del contrato el Petacc no logró recuperar el monto otorgado al contratista, generando un perjuicio de más de dos millones de soles.
Daniel Bravo Dextre
