Respecto a la Primera Audiencia Pública Regional organizada por el Bloque Parlamentario de Ica, el gerente general de Emapica, Jaime Fernández Garay, en declaraciones exclusivas a este diario regional, decidió responder los serios cuestionamientos que recibió sobre el manejo de la empresa municipal de agua potable, intervenida por la OTASS bajo el Régimen de Apoyo Transitorio -RAT-.

Dos de los cuestionamientos más graves que se le formuló al representante de OTASS fueron sobre la calidad del agua que consume la población de Ica y la falta de medidores de consumo de agua en gran número de viviendas. Estos temas causaron preocupación en el presidente de Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, quien participó como invitado en la audiencia llevada a cabo el pasado viernes en el auditorio “Raúl Porras Barrenechea” de la UNICA.

Fernández Garay manifestó al diario La Opinión que el agua que consume la población, proveniente de las galerías filtrantes, tiene calidad garantizada por el laboratorio que opera en la sede central de la calle Castrovirreyna, el cual es supervisado constantemente por la Dirección General de Salud Ambiental – -Digesa- y por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento -Sunass.

En cuanto a la falta de medidores de agua en muchos hogares, aclaró que su no instalación no se debe a la falta de recursos, sino que la empresa, debido a la pandemia, suspendió la colocación de esos aparatos en los domicilios, con la finalidad de no exponer a sus trabajadores a contagios del covid, por lo que una vez que se levanten las medidas sanitarias Emapica continuará instalándolos.

Aclaró que durante la cuarentena focalizada y el aislamiento social la mayoría de personas optó por quedarse en casa para estudiar o realizar trabajo remoto, por lo que el consumo de agua en los hogares aumentó considerablemente, obligando a Emapica a producir más agua y a mantener el costo del servicio para que los usuarios no se vean perjudicados.

En cuanto a la pregunta sobre el cambio de todo el personal de la jefatura de Logística, el gerente sostuvo que los seis trabajadores removidos no cumplían con el perfil establecido por el OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), por lo que tuvo que reubicarlos a otras áreas, reemplazándolos por personal técnico evaluado por el referido organismo supervisor.

Finalmente, dijo que las 21 preguntas formuladas en la audiencia por los congresistas Jorge Marticorena Estrada, José Luis Elías Avalos, Raúl Huamán Coronado y Raúl Doroteo, las responderá por escrito con pruebas documentadas de su descargo; dentro de ellas, el polémico tema de la venta de chatarra que actualmente investiga el Ministerio Público.

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Daniel Bravo Dextre