La Contraloría detectó que 7,740 funcionarios públicos incurrieron en presuntas irregularidades penales. civiles y administrativas durante el 2021, además, de un perjuicio económico contra el Estado de 2,502 millones de soles.
“Hay 7,740 funcionarios públicos que han cometido una serie de irregularidades y por tanto son presuntamente responsables a nivel administrativo, civil y penal. Se ha identificado un perjuicio económico de 2,502 millones de soles y se ha observado 5,954 millones de soles”, indicó el contralor Nelson Shack.
Al presentar un informe sobre la rendición de cuentas 2021, el contralor general indicó que se emitieron y publicaron 35,823 informes de control a nivel nacional, de los cuales 169 son control previo, 22,182 simultáneos y 13,472 posterior.
“Identificamos 36,742 situaciones adversas como resultado de los servicios de control simultáneo”, agregó.
Entre los casos emblemáticos de mayor impacto realizados en el 2021 figura el perjuicio de más de S/ 1,100 millones en la refinería de Talara debido a la demora en la ejecución de las obras de la Unidades Técnicas y Trabajos Complementarios; los “pagos fantasmas” por más de S/ 36 millones en municipalidades y gobiernos regionales; las demoras en obras relevantes, como el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en Puno o la autopista Pimente – Chiclayo de Provías Nacional, entre otros.
Asimismo, en su agenda para el presente año 2022, el contralor Shack dijo que supervisarán las acciones ejecutadas en el marco del inicio del año escolar, la limpieza pública a cargo de municipios, la supervisión de empresas de saneamiento, el desempeño de las universidades públicas, entre otros.
A esto se suma la labor de control que se realizará en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 y los 12 Megaoperativos de Control a desarrollarse en las regiones de Pasco, Madre de Dios, Arequipa, Junín, Cusco, Lima Metropolitana, Tacna, Apurímac, Moquegua, Huancavelica, San Martín y Lima Provincias.
También se realizará un operativo de control a funcionarios claves en la gestión pública. Una alerta de control, como resultado de la interoperatibilidad en el análisis de información y comportamientos que analizan los equipos de control, ha detectado que se habría favorecido a autoridades, funcionarios y familiares con contrataciones irregulares con el Estado. Al respecto, Shack mencionó que en el período 2019-2021 se ha detectado que 94 autoridades del gobierno nacional, regional y local y/o sus parientes habrían contratado con el Estado pese a estar impedidos por la Ley de Contrataciones.
“Estos actos irregulares, que serán auditados, representan 294 procesos de contratación por un importe de S/ 561.9 millones de recursos públicos en obras y servicios adjudicados”, anotó.
Investigaciones en curso
El contralor general también se refirió a las investigaciones en curso, entre ellas el registro y publicación de la agenda de actividades y visitas del Despacho Presidencial, y adelantó que en las próximas semanas se emitirán los informes de control posterior respectivos.
Asimismo, manifestó que en el transcurso del mes de marzo se conocerán los resultados de los servicios de control relacionados a la compra de biocombustible de Petroperú y combustible por parte de la Fuerza Aérea del Perú, así como las designaciones en PerúPetro y las licitaciones realizadas por Provías Nacional.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la República para aprobar el proyecto de ley enviado por la Contraloría para establecer requisitos mínimos para la designación de funcionarios públicos. Adelantó que en relación a las designaciones en PerúPetro, ya la Contraloría acreditó una comisión de control, y que se acreditará una comisión de control ante la Procuraduría General y el Ministerio de Justicia para la recopilación de información y revisión de los antecedentes sobre las designaciones de funcionarios.
