Autoridades regionales, provinciales y locales estarán obligadas a crear, instalar, convocar y dirigir las instancias de concertación para fortalecer la lucha contra la violencia a las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Así lo establece el dictamen aprobado, con 114 votos, por el Pleno del Congreso que propone modificar la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, con la finalidad de fortalecer las instancias de concertación, sean estas regionales, provinciales o distritales.
La congresista Elizabeth Medina Hermosilla (PL), presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, refirió que la proyectada norma está referida a la problemática que genera la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres.
Dijo que modifica los artículos 37, 38 y 39 a fin de fortalecer el rol de las instancias de concertación regionales, provincial y distrital, incluyendo en cada artículo la definición de Instancia de Concertación Regional, Provincial y Distrital, respectivamente, así como disponer que también tienen como responsabilidades, adicionalmente a las de implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel territorial, las de coordinar y articular la implementación de dichas políticas públicas.
Agregó que la importancia de las instancias de concertación permitirá combatir la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en todos los niveles de la sociedad a través de las mesas de trabajo y las sanciones que se tomen conjuntamente con las instituciones públicas u organismos aliados para dicho fin.
“Estas instancias deben garantizar servicio de calidad con cobertura en los territorios promoviendo el cumplimiento del protocolo en los instrumentos de gestión y en particular en el plan de desarrollo concentrado, en el plan institucional y el presupuesto participativo, acciones que respondan a la problemática de violencia contra la mujer y el grupo familiar”, indicó.
A su turno, la parlamentaria Kira Alcarraz Agüero (SP) consideró que dicha propuesta legal puede mejorar si se establece en las instancias de concertación haya equidad en hombres y mujeres para que pueda haber garantía de justicia.
Indicó que ha presentado el Proyecto de Ley nro. 1321 que garantiza la participación de la mujer en las instancias de concertación de las políticas públicas para la erradicación de la violencia.
“Con mi propuesta se busca que las instancias de concertación regional, provincial y distrital estén conformadas por al menos el 50 % de mujeres que permita hacer una mejor estrategia de gestión de la política pública de esta materia, con la finalidad de que sean efectivas y permitan reducir los índices de desigualdad y violencia en el Perú”, puntualizó.
Margot Palacios Huamán, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, destacó que la propuesta obliga a los gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales a que tengan que crear, instalar, convocar y dirigir las instancias de concertación para fortalecer la lucha contra la violencia a las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Finalmente, la titular de la comisión expresó la acumulación del proyecto de Ley nro. 1321, que considera la participación de las mujeres en las instancias de concertación de las políticas públicas para la erradicación de la violencia, que apuntan al fortalecimiento de las instancias de concertaciones sean estas regionales, provinciales o distritales.
El dictamen fue exonerado del trámite de segunda votación, y será enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
