Los oficiales generales o almirantes que sean nombrados como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o comandante general de la institución armada correspondiente, ejercerán sus funciones por dos años y prorrogado por un año adicional en el caso del primero, a decisión del presidente de la República.
Esa fue la fórmula legal aprobada por mayoría en el Pleno del Congreso, la misma que propone también que las causales del cese del jefe del Comando Conjunto y de los comandantes generales sean objetivas, para evitar interpretaciones subjetivas que trunquen la carrera de oficiales que llegaron a ese cargo por propios méritos.
El encargado de la sustentación del dictamen fue el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, José Williams Zapata (Avanza País), quien refirió que la propuesta comprende los proyectos de los congresistas Roberto Chiabra León (APP), José Cueto Aservi (RP) y otro de su autoría.
Williams Zapata explicó que la iniciativa modifica el artículo 10 de la Ley Nº 28359, Ley de situación militar de oficiales de Fuerzas Armadas.
Indicó que, de promulgarse, la norma evitará que se desestabilice al Ejército Peruano, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, “situación que se ha podido ver en los últimos años y los gobiernos que han pasado”.
En consecuencia, citó las causales de cese: muerte, por solicitud de pase a retiro, por incapacidad física permanente, debidamente declarado por una junta médica; por incurrir en falta muy grave; en la comisión de un delito doloso, declarado por sentencia firme del Poder Judicial; y cometer delito flagrante.
Durante el debate, parlamentarios de distintas bancadas expresaron estar de acuerdo con el dictamen en referencia en defensa de la democracia, la institucionalidad y la separación de la política del tema.
Cueto Aservi hizo hincapié en que no se recorta el poder de decisión del primer mandatario al ampliar el plazo del nombramiento, porque un año, como dice la ley vigente, no es suficiente para cumplir con los planes trazados para el sector.
Los congresistas María Acuña Peralta (APP) fue la primera en manifestarse se acuerdo con la propuesta.
También lo hicieron los legisladores Pedro Martínez Talavera (AP), “para que nunca más los políticos subyuguen al Ejército ni a la Policía como lo hicieron en los años 90”.
Por su lado, el congresista Alex Paredes Gonzales (PL) dijo que el dictamen tiene que ver con los derechos de las personas que adoptan la carrera militar y que hay vacíos legales que no permiten respetar esos derechos.
Segundo Montalvo Cubas (PL) apoyó el dictamen porque permitirá ordenar el sector y aprovechó para pedir la realización de una sesión descentralizada en la región Amazonas, solicitada por los excombatientes del Cenepa.
Esdras Medina Minaya (RP) se pronunció a favor de la iniciativa que implica respeto a la institucionalidad y a la democracia. Lo propio hizo el congresista Víctor Flores Ruiz (FP), entre otros legisladores.
La propuesta obtuvo 81 votos a favor y 27 en contra. A pedido del titular de la comisión se realizó una nueva consulta para exonerarla de una segunda votación, la que registró 82 votos a favor, 27 en contra y dos abstenciones.