La exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera presentó el pasado 29 de marzo una denuncia constitucional ante el Congreso de la República, contra el contralor general, Nelson Shack Yalta, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, así como nombramiento indebido para cargo público, por supuestas designaciones ilegales de los gerentes regionales de control de Ica y Moquegua.

La actuación de Avalos se originó por una denuncia del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Contraloría, Ghino Alarcón Núñez, quien sostuvo que Shack designó en el 2018 de manera irregular a Roy Vera Chung y a Jackelin Mellado Alania como gerentes regionales de Control en Ica y Moquegua, respectivamente

En su cuestionamiento, Alarcón sostuvo que Vera y Mellado no cumplían con los requisitos para ejercer sus cargos, según lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 140-2018-CG, de fecha 4 de abril de 2018.

Por este motivo, la fiscalía recogió los testimonios de seis funcionarios de la Contraloría y los descargos de Shack, así como informes técnicos, resoluciones y otros documentos, que la condujo a detectar un presunto delito.

Al respecto, se conoció que la denuncia será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la congresista Rocio Torres Salinas, de Alianza para el Progreso.

Descargo

Al respecto, el diario La Opinión recogió la respuesta de la entidad emplazada. Es así que desde la Contraloría General señalaron “que la denuncia constitucional suscrita por la exfiscal de la Nación a pocas horas de dejar el cargo, y después de tenerla en su despacho durante más de tres años, carece de todo sustento jurídico”.

Indicaron que la denuncia de la fiscal Avalos recoge un pedido presentado por un ciudadano que fue oportunamente desestimada por el Congreso de la República, cuya Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la declaró improcedente.

Manifiestan que la fiscal habría actuado de manera apresurada y sin rigor jurídico, pues de haberse detectado alguna omisión por parte del contralor Shack, se trataría de situaciones del ámbito administrativo, más no de tipo penal como se asegura en la denuncia.

Sin perjuicio de lo señalado, nos adelantaron que el contralor general está llano a participar de las diligencias pertinentes que lleve a cabo la indicada subcomisión parlamentaria, a fin de explicar los hechos en su real dimensión.

Daniel Bravo Dextre