La Oficina de Control de la Magistratura -OCMA- propuso al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial -CEPJ- la destitución de dos servidores del Distrito Judicial de Ica, por la causal de haber solicitado dinero a litigantes de procesos que se encontraban a sus cargos.

Según la resolución de la OCMA, que es presidida por la jueza suprema Mariem De La Rosa Bedriñana, la severa medida disciplinaria alcanza a los servidores judiciales Carlos Manuel Salhuana Hernández (especialista de causas adscrito al Módulo Penal de Chincha) y Carlos Antonio Salcedo Injante (secretario judicial del Juzgado Mixto de Vista Alegre –Nasca).

En el caso de Salhuana Hernández, en opinión de la magistrada De la Rosa, habría quedado acreditado que solicitó la suma de  10,000 soles a una denunciante para dilatar el trámite de envío de los oficios de captura de un procesado y ante la imposibilidad de la denunciante en obtener el total del dinero requerido, le señaló que le entregue como adelanto tres mil soles; “conducta del investigado que, sin lugar a dudas, desdice los deberes de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe que debe observar todo servidor judicial”; señala una parte de la resolución sancionadora.

En la investigación relacionada con Salcedo Injante, se sostiene que está acreditado que requirió sumas de dinero a un interesado en un proceso judicial, el mismo que se hizo efectivo en tres depósitos bancarios con sumas de 300.00 soles cada uno, realizado a la cuenta de la madre del procesado, “hecho que también denota la gravedad en su accionar”.

La OCMA, en su resolución, también rechaza ambos comportamientos de los investigados y considera que merecen el máximo reproche moral y disciplinario, “al resultar inaceptable que valiéndose de sus cargos en el Poder Judicial hayan realizado de manera deliberada acciones notoriamente irregulares”.

En este contexto, la jefa de la OCMA dictó una medida cautelar de suspensión preventiva en contra de los citados, para que no puedan ejercer cargo alguno en el Poder Judicial hasta que la instancia correspondiente resuelva en definitiva la situación jurídica de ambos servidores.

Daniel Bravo Dextre