El grave problema de acumulación de basura en las calles y contaminación del medio ambiente no es exclusivo de la ciudad de Ica, como siempre se pensó, sino que por diversos factores esta situación adversa se ha extendido a las cinco provincias y 24 distritos de nuestra región, y al resto del país.
Este cuadro dramático de polución, atentado contra la salud pública y deterioro de la calidad de vida de la población nacional quedó evidenciado en el reciente Operativo de Control “Prestación del Servicio de Limpieza Pública en Municipalidades 2022”, donde la Contraloría General con la participación de 18 auditores evidenció que en 29 municipios provinciales y distritales de la región Ica existen diversos riesgos relacionados a los procesos de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos.
Según informe alcanzado a nuestra redacción, la Contraloría también comprobó que en esos 29 gobiernos locales visitados no existe una correcta disponibilidad de los recursos públicos para atender el problema y que se aprecia una carencia de personal de limpieza, ausencia de gestión de puntos críticos, así como una nula función de supervisión y fiscalización del servicio de limpieza pública.
Igualmente, el organismo de control advierte que las situaciones identificadas podrían afectar la salud de la población y del personal de limpieza; la calidad ambiental y del servicio, así como su financiamiento y sostenibilidad en el presente año.
El operativo, que se desarrolló del 17 de marzo al 11 de abril pasado, formó parte de una estrategia de la Contraloría orientada a impulsar el control preventivo enfocado a los servicios al ciudadano, “con el objetivo de alertar y comunicar a los alcaldes la existencia de riesgos y oportunidades de mejora en el cumplimiento de la prestación del servicio de limpieza pública para la adopción de medidas correctivas que permitan superar las deficiencias identificadas en materia de salud, calidad del medio ambiente, disposición de residuos sólidos y otros”.
Informe situacional
Se detalla que, durante las visitas de control desarrolladas en las municipalidades provinciales de Ica, Pisco, Palpa, Chincha y Nasca, la Contraloría identificó diversos hechos adversos, siendo los más resaltantes:
– Presencia de acumulación de basura en las vías, espacios y áreas públicas de la ciudad, generan el riesgo de afectar la salud de la población y deteriorar el medio ambiente.
– El personal del servicio de limpieza pública no tiene los exámenes médicos ocupacionales por lo que están expuestos a contagios y accidentes de trabajo.
– No cuentan con instrumentos de gestión ambiental para ejecutar acciones de recuperación del área degradada por residuos sólidos, afectando la salud de la población y el ecosistema.
– Alto índice de morosidad en el pago de arbitrios poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera del servicio de limpieza pública y de otras actividades por parte de la entidad.
– Falta de programas de supervisión para las operaciones de manejo de residuos sólidos, ocasionaría riesgos en la calidad del servicio, el rendimiento de los recursos asignados y la erradicación de los puntos críticos por acumulación de basura.
– No cuentan con plan de rutas de recolección de residuos sólidos, poniendo en riesgo la cobertura y la eficiencia en el servicio de limpieza.
Resultados Nacionales
En el operativo de control a nivel nacional, la Contraloría también evidenció que en 696 municipalidades provinciales y distritales existen diversos riesgos relacionados a los procesos de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos; disponibilidad de los recursos públicos, personal de limpieza, gestión de puntos críticos, así como en su función de supervisión y fiscalización.
Entre los resultados más relevantes del Informe Consolidado N° 3583-2022-CG/AGR-SOP figuran la falta de acciones en el manejo de la disposición final de los residuos sólidos, así como en la implementación de medidas para asegurar la salud y seguridad del personal del servicio de limpieza pública.
Además, la entidad evidenció que más de la mitad de los municipios visitados presentan puntos críticos por acumulación de basura en sus jurisdicciones y niveles de morosidad en el pago de arbitrios que pondrían en riesgo la sostenibilidad del servicio de limpieza. Asimismo, 35 municipalidades del país no están tomando medidas para implementar la Ley N° 31254 que prohíbe la tercerización de los servicios de limpieza pública a partir de julio próximo.
Los resultados del operativo han sido comunicados al Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector a nivel nacional para la gestión y manejo de los residuos sólidos, a fin que disponga las medidas correctivas que permitan superar los hechos de riesgo identificados. Asimismo, el informe fue notificado a los alcaldes de los 696 municipios visitados, quienes tienen la responsabilidad de adoptar las acciones que garanticen la prestación del servicio público de limpieza en virtud de lo revelado por la Contraloría, para el beneficio de la población.
Daniel Bravo Dextre
