La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) dio cuenta de las denuncias constitucionales 268, 269 y 270, presentadas por los congresistas Javier Padilla Romero (RP) y Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País) contra la primera vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Zegarra, por presunta infracción constitucional y probable comisión de delitos.

De acuerdo con la titular del grupo legislativo, Rosío Torres Salinas (APP), de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, se inicia el periodo de calificación de estas denuncias constitucionales.

Previamente, la SAC aprobó por mayoría la denuncia constitucional 146 y 147 a 167 (acumuladas) formuladas contra el exministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, por infracción constitucional y por ser autor del delito de abuso de autoridad, y se recomienda imponerle una sanción de tres años de inhabilitación para ejercer función pública.

La votación fue de ocho votos a favor, cinco votos en contra y una abstención.

A Basombrío se le acusa, en su calidad de exministro de Estado, de haber emitido resoluciones ministeriales mediante las cuales se pasa al retiro a un conjunto de oficiales de la Policía Nacional del Perú, en enero del 2017, de manera inmotivada.

El informe final elaborado por el congresista Jorge Flores Ancachi (AP), considera que el denunciado ha incurrido en infracción constitucional de los artículos 26 y 38 de la Constitución Política del Perú, y por el delito de abuso de autoridad, regulado en el artículo 376 del Código Penal.

Seguidamente, se aprobó la denuncia constitucional 182 y 184 (ex 311 y 328), formulada contra el excongresista Roberto Vieira Portugal, por la probable comisión del delito de Tráfico de Influencias Agravado, tipificado en el artículo 400 del Código Penal.

La votación fue de 11 votos a favor, dos votos en contra y una abstención.

Asimismo, el informe final elaborado por el congresista delegado Alfredo Pariona Sinche, determinó que no había causal para acusar al excongresista por presunta infracción constitucional de los artículos 39, 44 y 93 de la Carta Magna.

A Vieira Portugal se le acusó por ofrecer a un primo suyo interceder ante un funcionario público del Ministerio de la Producción en el proceso de revertir la caducidad del permiso de pesca de una embarcación de su propiedad, acción por la cual el excongresista habría solicitado dinero para concretar la gestión.