El 17 de agosto de 2018 se realizó un megaoperativo en el que se detuvo a 48 integrantes de la organización criminal denominada «Los intocables de Ica», dedicada al tráfico ilícito de drogas y que tenía como centro de operaciones el sector conocido como «la perrera», en el cercado de Ica.

En este megaoperativo se desplegaron 68 fiscales y 780 policías. Luego de la detención preliminar, el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Ica y Cañete, a cargo de la fiscal provincial Roxana Patricia Ramos Rodríguez, requirió al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica la prisión preventiva de las personas intervenidas, la que posteriormente fue ampliada hasta los 48 meses, plazo que se acaba de cumplir sin que los reos hayan sido sentenciados.

¿Qué pasó? El Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Ica y Cañete delegó el caso a la fiscal adjunta Mabel Alejandrina Alarcón Escate, quien, contando con abrumadoras pruebas del delito obtenidas mediante un paciente seguimiento y escuchas telefónicas a los integrantes de esta banda, tenía la responsabilidad de asegurar una sentencia condenatoria.

Lamentablemente no fue así, ya que cumplido el plazo de prisión preventiva el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, a cargo del juez César Mayo Cortez, ha ordenado la liberación de 31 de los 48 integrantes que se encontraban en prisión, lo que ha causado gran preocupación en la población iqueña debido a la peligrosidad de esta banda delincuencial.

Debemos recordar que el ministro del Interior de entonces, Mauro Medina Guimaraes, señaló que “la organización criminal operaba desde el 2005. Se encargaban de traer cocaína, PBC y marihuana desde el Vraem a través de Pisco. Los Intocables de Ica administraba el 95% de la microcomercialización de droga en esta región.

“La investigación contra ellos duró alrededor de 15 meses», enfatizó.

Lo realmente preocupante es que haya transcurrido 48 meses y no se logró una sentencia contra los integrantes de esta banda. Todo hace presumir que esto se debe a la deficiente actuación de la fiscal Mabel Alarcón, quien, en el transcurso de diversas audiencias ha tenido varios pedidos de que precise su alegato, ante la incomprensión de este por parte de los magistrados.   

Este accionar poco diligente de la fiscal hizo que incluso mereciera una exhortación por parte del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Sur, hecha al término de la audiencia del pasado 22 de julio, en el que se le exhorta a la representante del Ministerio Público a que “actúe con la debida diligencia, compromiso, responsabilidad y profesionalismo en el presente caso”.

Esta exhortación fue remitida a la oficina de Control Interno del Ministerio Público, a la fiscal superior, al fiscal coordinador de Ica y al fiscal coordinador nacional, para efectos de tenerla en cuenta.

Ante tal hecho, el pasado 25 de julio, la fiscal adjunta Mabel Alarcón Escate fue excluida del caso por disposición de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Ica, a cargo de la fiscal superior Alicia Palomino Villaverde, quien, en el mismo acto, dispone que la fiscal provincial Roxana Ramos Rodríguez asuma el caso.

A la audiencia programada para el 05 de agosto de 2022, se presentó la fiscal Ramos refiriendo que recién se había hecho cargo del proceso, por lo que pidió la suspensión de la audiencia a fin de estudiar el caso y poder sustentar en forma eficiente la teoría de la Fiscalía. En principio, el Juzgado le otorgó el plazo de una semana, a fin de acelerar el proceso ante el inminente vencimiento de la prisión preventiva de la mayoría de integrantes de la banda delictiva. La fiscal Roxana Ramos insistió en su pedido de dos semanas, a lo que el colegiado, por única vez y de manera extraordinaria, le concedió 15 días para el estudio del caso.

Esto ha motivado que, con fecha de 17 de agosto de 2022, el juez César Mayo haya dispuesto la liberación, por exceso de carcelería, de 31 integrantes de la banda, permutándosele por mandato de comparecencia restringida.

A otros de los detenidos está próxima la fecha de cumplirse su prisión preventiva, por lo que también deben ser liberados.

No es exagerado afirmar que existe un fuerte malestar en la ciudadanía por cómo se está llevando este caso, responsabilizando al accionar del Ministerio Público al no lograr condenas que hubieran permitido la tranquilidad de los padres de familia que ven cómo vuelven a las calles quienes atentan contra sus hijos con este flagelo de la droga.