El Ministerio Público consiguió que el Juzgado del Callao condene a seis años de cárcel al viceministro de Transportes, Luis César Rivera Pérez, luego de hallarlo culpable por el delito de negociación incompatible, en perjuicio del Estado, cuando ocupaba el cargo de gerente central de Aeropuertos CORPAC.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao demostró ante el Poder Judicial que Rivera Pérez cometió el citado delito tras interesarse en contratar los servicios de seguridad de dos empresas para el aeropuerto Juan Velazco Astete y la estación de radar Acopia Grande de Cusco.

Al igual que el exgerente general de CORPAC, el Juzgado impuso la misma sanción penal para Dhenis Gamth Cabrera Garrido; el administrador del aeropuerto de Cusco, Carlos Enrique Huaroto Gerónimo; el jefe de equipo de administración del aeropuerto, Jorge Antonio Herrera Alcoler; y el gerente de seguridad del aeropuerto, José Antonio Custodio Cáceres Montanchez.

Por su parte, el gerente general de la empresa World Security and Services S.A.C., Emilo Huamán Pérez, y el representante legal de Walkers Protection S.A.C., Henrry Smith Achaca Vergaray, fueron sentenciados en su calidad de cómplices del delito antes mencionado.

En el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Guzmán Vera Coronel probó que, Cabrera Garrido y el hoy viceministro autorizaron la contratación de las dos empresas por un monto de S/ 1´761,878.00 (un millón setecientos sesentaiun mil ochocientos setentaiocho soles) y fraccionaron las órdenes de servicio por montos menores a 3 unidades impositivas tributarias (UIT), renovadas cada dos días entre marzo del 2013 y enero de 2014.

Para ello, omitieron el trámite de la exoneración por la causal de desabastecimiento inminente, con la finalidad de beneficiar ilícitamente a dichas compañías.

Asimismo, el representante del Ministerio Público comprobó que Huaroto Gerónimo, Herrera Alcocer y Cáceres Montanchez, en su condición de funcionarios del aeropuerto del Cusco, solicitaron la contratación del servicio de seguridad mediante las órdenes de servicio y permitieron su continuación sin observar o denunciar el hecho, con lo cual infringieron sus funciones.

Ante el requerimiento de la Fiscalía, el juez dispuso, en adelanto de fallo, el pago solidario de S/ 1´255,420.00 (un millón doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veinte soles) como reparación civil a favor del Estado; la cancelación de 180 días multa (equivalente a S/ 2,052.00 cada uno) y la inhabilitación de ejercer cargos públicos por un periodo de seis años.