| Daniel Bravo Dextre

Ante la queja de los vecinos de la asociación de vivienda “Keiko Sofía Fujimori”, ubicada en el sector San Joaquín, el Pleno del Concejo Provincial de Ica, en su sesión ordinaria del miércoles último, aprobó solicitar la intervención de la Contraloría General de la República por el mal estado en que estarían las obras de pistas y veredas de ese centro poblado.

Los regidores que sustentaron el pedido argumentaron que a través de las redes sociales los vecinos de la zona han expresado su malestar porque en algunos tramos la pista asfáltica se estaría hundiendo, sin duda por falta de compactación, mientras que en otros presentaría fisuras que no garantizan su conservación.

Los concejales cuestionaron al supervisor de la obra valorizada en cerca de 3.5 millones de soles, debido a que no estaría cumpliendo sus obligaciones contractuales, en el sentido de verificar que la construcción observe los parámetros contenidos en el expediente técnico.

También expresaron su preocupación por las obras que viene ejecutando la municipalidad provincial en el sector El Guayabo, dado que sería la misma constructora que ha construido las pistas y veredas de “Keiko Fujimori”, las mismas que ahora están siendo cuestionadas por los mismos beneficiarios. 

Tierra Prometida

En la misma sesión de Concejo, el pleno desaprobó el pedido para que se exonere del pago de tributos municipales a favor de las familias de 11 asentamientos humanos de Tierra Prometida – Comatrana, quienes se encuentran en pleno trámite de titulación de los lotes que ocupan.

Dentro de ese trámite, la municipalidad y Cofopri tienen que extender constancias de posesión a las familias que será beneficiadas con la titulación, cuyo costo tiene que ser abonado en el SAT Ica.

Como se trata de un tributo que consta en el TUPA, cualquier modificación o exoneración tiene que ser aprobada por Acuerdo de Concejo, el mismo que debe contener informes legales y técnicos.

En la sesión, los funcionarios de la comuna pretendieron que la exoneración se apruebe únicamente con informe legal que ya existía; mientras que diversos regidores evitando incurrir en abuso de autoridad insistieron para que el tema quede pendiente hasta que la Oficina de Planificación y Presupuesto emita el respectivo informe técnico presupuestal.

Todo depende ahora que la alcaldesa Emma Mejía Venegas exija a sus funcionarios para que emitan a la brevedad posible el referido informe técnico que justifique la modificación del TUPA. Si fuese así, en la próxima sesión del Pleno podría nuevamente someterse a aprobación dicho pedido de exoneración que beneficiaría a más de cinco mil pobladores que por más de 20 años esperan ser titulados.