| Daniel Bravo Dextre
Mediante Oficio N° 01104-2022-SUNEDU-02, el jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -Sunedu-, Oswaldo Zegarra Rojas, se ha pronunciado en torno al cuestionamiento por la prórroga del mandato del rector, vicerrectores y decanos de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.
El documento de fecha 9 de noviembre de 2022 está dirigido al congresista Raúl Huamán Coronado, quien trasladó a la Sunedu una serie de cuestionamientos formulados por ciudadanos de Ica, en torno a la ampliación de mandato de 10 meses que fue por acuerdo de la Asamblea Universitaria, y una presunta irregularidad en que habría incurrido el rector Anselmo Magallanes de índole personal.
El superintendente sostiene que el Registro de Datos de Autoridades “es la base de datos de las autoridades que han sido electas o designadas conforme lo señala la Ley N° 30220, Ley Universitaria, estatutos y otras normas que autorizan a instituciones y escuelas de educación superior a otorgar grados académicos y títulos profesionales; y contiene información de carácter declarativa de las universidades”.
Asimismo, menciona que, conforme a lo establecido en el artículo 7° del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, entre la información que deben presentar las instituciones para el registro de los datos de sus autoridades, se tiene la solicitud de registro de datos de autoridades, suscrito por el Secretario General o el que haga sus veces, y la copia simple de las resoluciones o acuerdos que designan a las autoridades.
Refiere que la UNICA cumplió con todos los requisitos de ley y detalla que mediante Oficio N° 823-2022-SG-UNICA, del 16 de agosto de 2022, la secretaria general de la UNICA, Nelly Julissa Casma García, solicitó el registro de los datos de Anselmo Magallanes Carrillo, como rector; de Ruth Asela Saravia Alviar, como vicerrectora académica, y de Martin Raymundo Alarcón Quispe, como vicerrector de investigación; por el periodo del 2 de setiembre de 2022 al 1 de julio de 2023, y que, para tal efecto, adjuntó la Resolución Rectoral N° 3512-2022-RUNICA, de fecha 12 de agosto de 2022.
La Sunedu también hace hincapié, basándose en el informe de la secretaría general, que la prórroga del mandato de las autoridades universitaria fue aprobada de manera unánime en la sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria del 12 de agosto de 2022, “en estricto cumplimiento del artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1496 y a las atribuciones de la Asamblea Universitaria”.
En cuanto a la conformación de la asamblea y la supuesta falta de quorum que invalidaría el acuerdo, el superintendente precisa que se ha solicitado un informe detallado a la Universidad sobre tres decanos en cuestión y un docente, a fin de emitir pronunciamiento.
Sin perjuicio de ello, “la Sunedu se reserva el derecho a fiscalizar y comprobar la veracidad de la información presentada, al amparo del principio de privilegio de controles posteriores regulado en el numeral 1.16 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General”.
En cuanto al cuestionamiento del rector, la Superintendencia aclara que no es su competencia fiscalizar actos de tipo personal, cuya atribución corresponde al Ministerio Público.
Sin embargo, afirma que se revisó el Sistema de Gestión de Accesos a los Sistemas de Información (PUNKU)21 y se obtuvo que el señor Magallanes no cuentan con antecedentes penales ni judiciales; por lo cual no es posible identificar las obligaciones supervisables que habrían sido incumplidas.
