| Daniel Bravo Dextre
Siete asentamientos humanos de El Guayabo y Tierra Prometida se han declarado en pie de lucha hasta que el Concejo Provincial anule el Acuerdo de Concejo que aprobó la venta de 270 hectáreas para la ejecución de un proyecto privado que plantea la construcción de 16,430 viviendas de interés social.
Los moradores llegaron en marcha de sacrificio hasta el frontis del municipio, con la intención de dialogar con la alcaldesa Emma Mejía Venegas y arrancarle un compromiso escrito de que convocará al pleno del Concejo para que anule la venta del predio de 270 hectáreas, valorizado por ProInversión y Vivienda en más de 11 millones de soles.
Al llegar a la sede municipal, a las 11:00 de la mañana, aproximadamente, se dieron con la sorpresa de que la autoridad edil no se encontraba en Ica, siendo informados los dirigentes que la alcaldesa se hallaba en Lima realizando trámites de su gestión que está de salida.
La noticia de la no presencia de la autoridad les cayó como un balde de agua fría que los congeló, haciéndolos sentir desamparados; pues, aseguran que tenían pactada una reunión con los dirigentes, a fin de hallar una solución a la crisis presentada “para que nadie resulte afectado con la privatización”.
Explicaron que la venta de las 270 hectáreas afecta 70 hectáreas que ellos ocupan desde el año 2015. Incluso, una moradora que se dedica a la crianza de ganado porcino, exhibió documentos del SENASA de esos años, donde le certifica el lugar de la crianza; por lo que no se explica que ahora los funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Urbano exhiban planos satelitales donde no aparecen los lotes que ocupan.
En ese sentido, dirigentes de ese sector poblacional demandaron la intervención de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía de Prevención de Delitos y de la Comisión de Derechos Humanos, con la finalidad de que paralicen la venta de tierras y así no sean despojados de los terrenos que ocupan.
Enterado de la posible falsa información que figuraría en los planos satelitales, el abogado José Carlos Ordoñez Castro, jefe del equipo de transferencia de la nueva gestión edil, se ha comprado el pleito y está sugiriendo que los regidores en sesión extraordinaria anulen el Acuerdo de Concejo N° 046-2022-MPI, publicado el 17 de setiembre del 2022, en el que se aprueba la venta de 2’700,667.06 m2 para que una empresa privada construya viviendas durante 10 años.
Deducción
Desde luego que no existe intención de traerse abajo la venta de esas 270 hectáreas que sólo representa el 20% de toda la propiedad adjudicada a la municipalidad provincial en el trayecto a la playa Carhuas, sino que los peritos de la comuna tendrían que hacer un recalculo del predio total a privatizarse, deduciendo el lote de 70 hectáreas que serían liberadas por estar ocupadas.
Entonces, la empresa inmobiliaria ya no pagaría los más de 11 millones de soles sino menos, de acuerdo al nuevo cálculo por hectárea. Ahora que existe carretera al mar, esos predios se han valorado más y la nueva gestión muy bien podría impulsar un nuevo proyecto urbanístico, teniendo en cuenta que según el Plan Territorial hasta el 2030, la ciudad de Ica debe crecer hasta el extremo oeste.
