La Mesa Directiva del Congreso de la República acordó por mayoría rechazar la cuestión de confianza que planteó el presidente del Congreso de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, en la sesión del pleno de la representación del 17 de noviembre.
Así lo anunció ayer el titular del Parlamento, José Williams, al inicio de la sesión del pleno del Congreso.
«La Mesa Directiva ha acordado, por mayoría, rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el señor presidente del Consejo de Ministros, a nombre del Consejo, por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de una cuestión de confianza, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional en el fundamente 185 en la sentencia recaída en el expediente N° 006-2019-CC y la Ley 31355», dijo Williams.
Asimismo, el presidente del Legislativo exhortó al Consejo de Ministros a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales para la presentación de la cuestión de confianza.
El jefe del Gabinete Ministerial presentó una cuestión de confianza sobre la aprobación del “Proyecto de ley que restablece la participación política del pueblo” y busca derogar la Ley 31399, que aprobó el Congreso, la cual impide que a partir de iniciativas ciudadanas se pueda convocar a referéndum.
De acuerdo con lo expuesto por Williams Zapata, lo planteado por el ministro Torres excede el marco constitucional y legal debido a que desconoce las competencias del Congreso como titular de la «relación fiduciaria entre Ejecutivo y Legislativo» y, en consecuencia, representa una grave alteración al estado constitucional de derecho y la separación de poderes.
«Aún más, la Ley 31399 se refiere a dos competencias exclusivas y excluyentes del Congreso como son: la aprobación en primera votación de una reforma constitucional y la disposición para que el presidente de la República convoque a referéndum para la aprobación de reformas constitucionales», señaló.
En ese sentido, afirmó que el proyecto de Ley 3570, por el cual el Poder Ejecutivo hizo cuestión de confianza, interfiere directamente con las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, y colisiona con artículo 206 de la Constitución.
Asimismo, indicó que la cuestión de confianza no se refiere a una política general de gobierno, además de que sus fundamentos son los mismos que señaló el Poder Ejecutivo para su demanda de inconstitucionalidad sobre la Ley 31399 que está pendiente de sentencia final y decisiva.
Por último, el Congreso aclara que, de acuerdo al inciso d) del artículo 86 del Reglamento del Congreso, la declaración de improcedencia no equivale ni califica como denegatoria, rehusamiento, ni rechazo de la cuestión de confianza.
