El Tribunal Constitucional, en un fallo exprés que muchos consideran de favor a los congresistas que votaron por ellos en discutidas sesiones, otorgó Constitucionalidad a la ley 31520 que empieza a liquidar la SUNEDU.
Fueron 33 congresistas que burlándose del pueblo presentaron acción de inconstitucionalidad, abandonaron el caso, pues, ellos mismos promovieron y aprobaron la ley con intereses personales.
Recordemos que en julio fueron los congresistas de Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Renovación Popular, Perú Libre, Acción Popular y Somos Perú, confirmando su vocación de servir a mafias, que como las universidades bamba sólo anhelaban llenarse los bolsillos a costa de incautos estudiantes que buscaban una profesión.
A estos malos congresistas nuestro colega Álvarez Rodrich los llama sicarios de la mafia universitaria, porque a fuerza congresal quieren volver a hacer su gran negociado y licenciarse al caballazo, como lo hacían con la ANR.
Estas universidades no licenciadas, a pesar que han transcurrido tres años, también son llamadas “chicha” porque siempre jugaban con las expectativas de jóvenes y familias. Los estafaban ofreciendo lo que eran incapaces de cumplir.
Esas universidades privadas sin licenciamiento son 50 y lo único que generaban fue frustración. Todo esto ha venido corrigiendo la SUNEDU. Por eso quieren desaparecerla. Ahora quieren poner al gato de despensero. Le quitan a la SUNEDU la capacidad de licenciar profesionales cumpliendo las carreras con las condiciones mínimas de calidad en la educación superior.
Hubo 4 intentos para detener la reforma universitaria iniciada hace 8 años. La primera la hizo el congresista iqueño José Elías Avalos en el 2016, su pedido no llegó al pleno. Luego, el aprista Javier Velásquez Quesquén cambió de estrategia y tampoco llegó al pleno. Enseguida, en el año 2020, el congresista Luis Dioses -del partido Podemos- hizo el tercer intento sin llegar al pleno; y el cuarto intento le correspondió a Esdras Medina.
La suerte de la SUNEDU todavía no está echada. Foro Educativo y la Defensoría del Pueblo van a tomar acciones legales con más de un millón de estudiantes universitarios para frenar la contrarreforma.
