| Por: Humberto Fajardo 

Han tenido que pasar seis años, desde su fuga del país, para que el expresidente Alejandro Toledo Manrique, por fin, sea internado en la cárcel presidencial del ex fundo Barbadillo.

Se junta con el dictador Alberto Fujimori, quien fugó del Perú luego de la marcha de los cuatro suyos, y también con otro expresidente andino que quiso convertirse en dictador con un fallido golpe de estado, Pedro Castillo. 

Toledo está cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses, ordenada en enero del 2017 luego que Odebrecht revelara un pago de 25 millones de dólares, por los contratos de la Interoceánica.

Además, tiene otro juicio en la Corte Superior de Lima por las cuentas offshore Ecoteva en Costa Rica, con su esposa Eliane Karp. Y hay una tercera acusación, por los pagos que el cholo sagrado habría recibido de la constructora Camargo Correa. 

La etapa de control de acusación, con los costosos abogados que contrata, podría tardar 14 meses. No hay problema, pues, la prisión preventiva puede renovarse.

Más bien, se anuncia que pedirá su revocatoria por comparecencia restringida con arresto domiciliario. Se arguye que Toledo es convaleciente de cáncer y otras enfermedades acreditadas que le hace consumir once pastillas diariamente. 

En medios judiciales se dice que las posibilidades son mínimas, por tratarse de un prófugo y su comportamiento entorpecedor durante el proceso de extradición.

Como sostiene Rosa Maria Palacios, habrá que esperar un tiempo para lograr una sentencia firme, que el fiscal pide sea de 25 años de cárcel, a sabiendas que tiene 77 años.

Toledo es hoy un político terminado, un profesor egresado de Harvard desprestigiado. Su poder es nulo. Sus simpatizantes inexistentes, y su partido político no existe.

Nada de lo que pida puede ser concedido porque ya lo conocemos por sus leguleyadas, trucos y mentiras. Sólo quedará como el recuerdo de una gran decepción por sus graves delitos cometidos.