|Daniel Braco Dextre

En una operación inopinada, agentes de la Policía y de la Fiscalía Anticorrupción allanaron en la madrugada de ayer la vivienda del exgobernador regional, Javier Gallegos Barrientos (2019-2022) y de otras 20 personas investigadas por el delito de cohecho pasivo propio y otros vinculados al presunto trámite irregular de brevetes expedidos por la Dirección regional de Transportes de Ica.

A esa hora, en la vivienda de la urbanización Las Villas de San José B-10, Ica, sólo se encontraba la esposa de la exautoridad regional, Mónica Guillén de Barrientos, y sus dos menores hijos.

Como el fiscal provincial Alexander Pérez López se excusó de revelar detalles a la prensa de la investigación preliminar, sólo se obtuvo la versión de la esposa del exgobernador, quien reveló que la Policía le incautó su celular, cinco mil 810 soles que tenía en su billetera que retiró del Banco con cheque, la laptop de estudios de su hijo y dos USB, uno de los cuales estaría vacío.

Sobre el paradero de su esposo, quien junto con los demás investigados tiene orden de detención preliminar por 10 días, dijo que por razones obvias no podía revelar donde se encuentra; a la vez, aclaró que está dentro del país ejerciendo su labor de ingeniero civil, ya que en su casa permanece el pasaporte.

Además de Javier Gallegos, tienen orden de captura los exdirectores regionales de Transportes y Comunicaciones Carlos José Martínez Hernández y Edward Alberto Amoroto Ramos, actual alcalde de Los Aquijes; así como los investigados Guillermo Armando Salazar Espino, José Antonio Franco Palomino, Jorge Eduardo Jacobo Hernández y María Yetty Mendoza Chamorro.

Asimismo, Arsenio Miguel Asencios Luna, Guillermo Freddy Chávez Blondet, Miriam Nancy Yerén Oré, Luz Leonor Yerén Oré, María Gracia Buendía Uribe, Carmen María Lara Monge, Carlos Alberto Pardo Tenorio, Gladys Janet Picharde Choque, Elidez Ostiano Ruiz Álvarez, Reylinda Mercedes Yerén Oré, Jessica Elizabeth Durand Bendezú, Rosa María Lara Monge, Carmen Cristina Yerén Oré y Mario Guillermo Gonzales García.

La orden fue emitida por el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, doctor Javier Díaz Chirinos, quien solicitó la detención de Gallegos Barrientos y los otros 20 investigados por los delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias y contra la tranquilidad pública – organización criminal

De acuerdo con el expediente N° 01638-2023, la orden judicial de incautación de bienes y detención preliminar contra Gallegos Barrientos y demás investigados fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Ica, en la investigación seguida contra la organización criminal “Los Tramitadores”.

Allanamientos

Por fuentes del Ministerio Público se conoció que los allanamientos se dieron en Ica, Lima, Ayacucho, Huancavelica y Cañete. Ocho de los 21 investigados figuran como no habidos, entre ellos el exgobernador y el actual alcalde de Los Aquijes.

Como resultado de la operación simultánea se detuvo a Jorge Eduardo Jacobo Hernández, María Yetty Mendoza Chamorro, Carmen María Lara Monge, Carlos Alberto Pardo Tenorio, entre otros; mientras que ocho de los investigados están en condición de no habidos.

En la mañana de ayer también fueron allanadas las oficinas de la Dirección regional de Transportes y Comunicaciones del GORE Ica, donde se recabó diversa documentación, además de incautarse 10,000 soles en efectivo, celulares, entre otros dispositivos electrónicos que podrían permitir el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación.

En Ica las intervenciones dirigidas por el fiscal Pérez López se realizaron con 11 fiscales de Ica, 23 fiscales proporcionados por la Coordinadora Nacional del Ministerio Público y 100 efectivos policiales.

Datos

Se incurre en cohecho pasivo propio cuando un funcionario acepta o solicita un dinero o beneficio para que realice u omita un acto administrativo en violación de sus obligaciones como servidor público, para el provecho de otra persona.

El cohecho pasivo propio está sancionado en nuestra legislación con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años (Art. N° 393 del Código Penal).