Contra todo pronóstico, el exgobernador regional Javier Gallegos Barrientos decidió ponerse a disposición de la justicia, tras recibir 36 meses de prisión preventiva dentro de la investigación que le sigue el Ministerio Público por el tráfico de brevetes.

El líder del movimiento regional «Obras por la Modernidad» llegó a las 12:30 del día de ayer a la sede del Distrito Judicial de Ica, en compañía de su abogado y de su esposa Mónica Guillén, quien transmitió en vivo desde su cuenta de Facebook la inesperada entrega que sorprendió a muchos.

Antes de ponerse a derecho, Javier Gallegos se dirigió a su familia y seguidores, indicando que se entregaba porque confiaba en la justicia y que en el proceso iba a demostrar su inocencia, debido a que no tuvo que ver nada con los tramitadores y que nunca avaló la validación ilegal de brevetes.

Como se sabe, el martes, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, a cargo del juez Fernando Vicente Fernández Tapia, acogió el pedido del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, a cargo del fiscal provincial Alexander Pérez López, y.

dictó 36 meses de prisión preventiva contra el exgobernador Javier Gallegos Barrientos y contra el alcalde de Los Aquijes y exdirector regional de Transportes, Edward Alberto Amoroto Ramos, por la presunta comisión del delito de organización criminal y cohecho pasivo propio, en agravio del Estado peruano.

Asimismo, impuso comparecencia con restricciones contra los imputados José Antonio Franco Palomino, Miriam Nancy Yeren Oré, Carmen Cristina Yeren Oré, Gladys Janet Picharde Choque, María Yetty Mendoza Chamorro, Luz Leonor Yeren Oré, Carmen María Lara Monge y Carlos Alberto Pardo Tenorio, con reglas de conducta, bajo apercibimiento de revocárseles la medida impuesta en caso de incumplimiento. 

La citada medida cautelar fue dictada en audiencia de prisión preventiva, llevada a cabo mediante la plataforma virtual “Google Meet”, luego que el magistrado escuchara y evaluara los fundamentos de convicción expuestos por el representante del Ministerio Público y de la defensa técnica de los imputados, así como la concurrencia de los requisitos de la prisión preventiva previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, Casación N°626-2013-Moquegua y Acuerdo Plenario N° 01-2019-CIJ-PJ.

Conforme al requerimiento fiscal, se tiene que, desde el año 2019 se habría enquistado una organización criminal, denominada «Los tramitadores», la que habría sido constituida e integrada por el gobernador regional de Ica, periodo 2019 – 2022, Javier Gallegos Barrientos, y los funcionarios y servidores públicos de la Dirección regional de Transportes y Comunicaciones -DRTC-, «para perpetrar delitos contra la administración pública en las modalidades de cohecho pasivo propio, como es la solicitud de dinero para la tramitación irregular de los brevetes.

Es así que los integrantes, aprovechando sus cargos dentro de la estructura organizacional de la Dirección regional de Transportes y Comunicaciones, habrían instrumentalizado la función administrativa y el cargo público que ostentan, constituyendo una presunta organización criminal avocada a la venta de la función pública (expedición de brevetes), «cuyo modus operandi iniciaba  con la participación de los tramitadores externos en los exteriores de la DRTC Ica, así como también por parte de los trabajadores de la institución, quienes se dedicaban a captar a personas (postulantes) necesitadas de obtener su brevete, en sus distintas categorías».

La citada resolución, también disponía la inmediata ubicación, captura e internamiento de los imputados Javier Gallegos Barrientos y Edward Alberto Amoroto Ramos en el establecimiento penal que el INPE designe.

Escuchas

Según se conoció a lo largo de la audiencia de debate de prisión preventiva, en total fueron 18 mil 500 escuchas de celulares intervenidos del gobernador, directores regionales, funcionarios y tramitadores, donde aparecen las coordinaciones que hacían funcionarios y tramitadores para ganar dinero a cambio de entregar licencias de conducir sin que los interesados cumplan los requisitos de ley.

El exdirector de la DRTC, Carlos Martínez, se acogió a la delación premiada a cambio de atenuar su pena y seguir la investigación preliminar en libertad.

Antes de que estalle el escándalo de tramitadores, el también conocido como «chino» Martínez se apretaba a inaugurar una botica y policlínico full equipo, ubicado en la curva de la avenida principal de Parcona.

Al exdirector Martínez también se le atribuye el haber abonado supuestos cupos mensuales a 10 comunicadores, de los cuales sólo se ha revelado un nombre.

Al cierre de la presente edición, se conoció que el exgobernador Gallegos, fue internado en el establecimiento Penal de Cachiche, donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva.