| Por: Lic. Jesús Acevedo Herrera
Past Decano del Consejo Regional de Ica
Colegio de Periodistas del Perú
Reg. FPP. 5385
Reg. CPP. 030
Muy aparte de la difícil situación económica, donde es probable que la población sea la más afectada por la miseria y el hambre que se avecina en el país, actualmente, a través de los medios de comunicación masiva se ha generado una “campaña” de confusión y caos popular generado por los que opinan a favor o en contra de los juristas de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), declarándolos “víctimas” o “culpables”, debido a que el Congreso de la República, amparados en sus facultades constitucionales, mediante una comisión parlamentaria viene efectuando una severa investigación abierta contra los miembros el JNJ al haberse permitido tomar decisiones o protección de ellos mismos y algunos funcionarios al ser investigados por errores cometidos.
Según se sabe, la Comisión de Justicia del Congreso ha anunciado que respetará el proceso investigatorio, permitiéndose escuchar a los miembros del JNJ y a delimitar las faltas o acusaciones cometidas para luego determinar en qué momento cada uno de los posibles implicados pueda establecer su defensa legal, porque -necesariamente- se tiene que individualizar cualquier cargo para defender los principios constitucionales.
Sin embargo, sin ningún titubeo y un marcado tinte político, los juristas de la Junta Nacional de Justicia (institución formada por el expresidente Martín Vizcarra) se defienden en los medios de comunicación aseverando que el Congreso de la República debe respetar a su institución y mantenerse bajo los lineamientos de los organismos correspondientes al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y las Naciones Unidas, los mismos que sí guardan el silencio correspondiente frente a las atrocidades y violaciones de derechos humanos que se comete en forma grave en el país (matanza de soldados por terroristas) y en otras naciones como Venezuela, Nicaragua y Cuba, por decir.
Es común apreciar que los miembros del JNJ pretenden confundir a la población en general, diciendo que el Congreso de la República no tiene ningún derecho de juzgarlos como así lo pretenden, incluso, sin ser un poder del Estado. Por lo contrario, la legislación peruana debe acatar lo que dispone la legislación, suscribiéndose a los derechos humanos y haciendo valer cualquier detrimento de la soberanía judicial.
Esta situación, que es un claro interés de los sectores políticos de izquierda, trata de proteger a los magistrados del Jurado Nacional de Justicia por sus errores cometidos y lograr que no sean investigados. La comisión parlamentaria del Congreso posibilita la independencia judicial y la separación de poderes; asimismo, también existen comunicados e informes de la ONU y SIDH que responden a un interés político, tal como sucede en la permanente protección de la Presidencia y otros funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. En estos casos, guardan silencio frente a las atrocidades y violación de derechos humanos que suceden; por lo contario, incitan la agitación a la población para salir a las calles en protesta contra el Congreso de la República y, por otro lado, la ONU trata de interferir en asuntos excluyentes a nuestra soberanía e independencia.
Señalan que el Congreso de la República abrió una acusación constitucional en contra de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, así como una acusación constitucional en contra de la ex fiscal suprema Zoraida Avalos. El Congreso está facultado para investigar, juzgar y sancionar con penas de suspensión, destitución e inhabilitación por hasta diez años-
Se trata de defender la soberanía del Perú y de sus organismos constitucionales. Los problemas son de los peruanos y entre nosotros lo solucionaremos dentro de nuestra soberanía nacional. Resulta, para ellos, que en el Perú se corre un riesgo “democrático” más grave lo que sucede en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
