La Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) se pronunció en contra de la ley que establece nuevos parámetros para la ejecución de obras públicas bajo el mecanismo de administración directa, y anunció que sus dirigentes irán al Parlamento para pedir su derogatoria.
El acuerdo se adoptó en la reunión que el consejo directivo de la ANGR realizó ayer en Arequipa, en el marco de la participación de sus integrantes en Perumin.
Los gobernadores regionales consideran que la Ley 31876, aprobada por el Congreso y promulgada el pasado fin de semana, establece límites para su gestión.
El presidente de la ANGR y gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció también que el 5 de octubre, los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales del país irán a la sede del Parlamento Nacional para pedir que se derogue la referida norma.
Consideró que su dación responde al “desconocimiento”. “Esta ley no va con la realidad de los distritos y provincias, porque es allí donde el Estado debe estar presente”, señaló.
Cuestionó, en tal sentido, que en la norma se prohíba a las instancias regionales y locales ejecutar obras mediante el mecanismo de administración directa, si el costo de estas sobrepasa las 50 unidades impositivas tributarias; es decir, cuando ascienden a aproximadamente 250 mil soles.
Otros gobernadores
Por su parte, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, refirió que las obras por administración directa son las más numerosas en el país.
A su vez, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, consideró que la ley citada obstaculiza el proceso de descentralización del país. Argumentó también que esta afecta a las personas que laboran en la ejecución de obras que ahora ya no se concretarán.
