| Por: Lic. Jesús Acevedo Herrera
Past Decano del Consejo Regional de Ica
Colegio de Periodistas del Perú
Reg. FPP. 5385
Reg. CPP. 030
Lo diremos siempre. Para muy pocos periodistas la palabra verdad significa fidelidad a los hechos sobre lo que informa; sin embargo, para otros esa función de servicio comienza a deteriorarse cuando se aparta del servicio a la población, a los más necesitados, entonces, deja de ser libre y democrático. El periodista obediente y sumiso siempre quedará condenado a convivir con su mentira y su indignidad.
Lo volvemos a decir. En nuestro país la corrupción se ha convertido en una constancia, una “costumbre” y una “forma de vivir” de muchos que silenciosamente pululan en la política del gobierno, ubicados en los sectores públicos del Gobierno, del Congreso de la República, gobiernos regionales, municipalidades y, por qué no decirlo, muchas veces en la misma población, que al suceder los hechos corruptos lo reciben como si todo fuera normal y “legal” al cual tienen derecho.
La corrupción, actualmente, se ha convertido en un vacío que no tiene una representación sustantiva de quién o quiénes son los corruptos, todos se culpan y se ocultan en la mediática democracia, avanzando calladamente entre “luces y apagones”, afectando de esta manera directamente a la legitimidad de vida honesta que se merece cada peruano.
La corrupción en nuestro país registra el nivel más alto en América Latina. La corrupción ha llevado a seis exmandatarios a ser investigados por sobornos, lavados de activos y otros delitos. No solo se encuentra en las altas esferas del poder, sino también en la vida cotidiana de personas que en muchas ocasiones son permisivas con las extorsiones a las autoridades para evitar multas o favores políticos. Alrededor de un 50% de la población está convencida de esta situación; pero, se muestran indiferentes.
La presidenta Dina Boluarte y sus ministros son incapaces para responder a las exigencias de la sociedad y parar la corrupción. Nunca sus respuestas corresponden a las expectativas. Es urgente que lleguen a fortalecer la capacidad del Estado con una débil burocracia y alto nivel de corrupción, donde el futuro sigue siendo una incógnita en un presente que persiste entre la ineficacia y la informalidad.
Entre las instituciones más corruptas está el Congreso de la República, con más del 80%. El Poder Judicial con 50% y los partidos políticos con más del 60% han sido percibidos como las instituciones más corruptas. Las municipalidades corruptas el 40% y los gobiernos regionales el 60% son percibidos como corruptos, según encuestas realizadas últimamente.
Si queremos hablar sobre el impacto económico que origina la corrupción en la actual crisis que vive el país, diremos que han aumentado los costos de los bienes y servicios, se ha incrementado la deuda y el endeudamiento del país para llevar a ejecutar proyectos que no son económicamente viables. En el impacto político, la corrupción reproduce y consolida la desigualdad social que se ha formado, perpetúa la ineficiencia burocrática y genera formas de intermediación. Todo esto conduce a la pérdida de credibilidad en el Estado.
El impacto social que origina la corrupción es la más afectada porque acentúa las clases sociales al limitar el papel del Estado. Las clases populares o marginales se ven sometidas a un proceso de exclusión social y política, porque la corrupción las aleja del sistema formal y los obliga a acceder de manera informal a sus medios de subsistencia.
En la administración pública, no olvidemos que la corrupción es el abuso del poder público para obtener un beneficio particular. Un funcionario público siempre es impulsado a actuar de modo distante a las normas para favorecer intereses a cambio de una recompensa. Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura del Estado. El impacto de la corrupción es cuando provoca que las decisiones sean tomadas de acuerdo con motivos ajenos a los legítimos, sin tomar en cuenta las consecuencias que ellas tienen para la comunidad.
