La real causa de la actual crisis

| Por: Raúl Bravo Sender
La crisis por la que viene atravesando el Ecuador en cuanto a su seguridad interna, como consecuencia del accionar del crimen organizado, el cual ha puesto en jaque al Gobierno y en zozobra a la sociedad, pone en riesgo a los países de la región, pues este problema puede agudizarse y traspasar las fronteras del país andino.

¿Por qué se ha llegado a tal extrema situación? Pueden especularse muchas causas, como la hipótesis que sostiene que Ecuador se ha convertido en un país de paso y acopio de los cárteles de la droga con destino a los mercados internacionales. Al respecto debemos decir que ésta en realidad es el efecto, pues la causa en sí es institucional y legal, común en toda América Latina.
La tradición legal latinoamericana se adscribe a un sistema que lo espera todo de la ley, que es el instrumento de planificación central desde el poder estatal de la vida de millones de latinoamericanos, quienes debemos lidiar con una legalidad que no nos garantiza ni derechos ni libertades, sino que nos los obsequia el generoso e iluminado gobernante, quien nos asume incapacitados para decidir por nosotros mismos.
En suelo latino generaciones enteras han crecido con la idea de que por ser pobres merecen y tienen derecho a exigirle al Estado que les solucione la vida. Y así es como se les ha mantenido para que tengan que mendigarle al gobernante una dádiva. Pero esta solidaridad no es real, pues se financia con la recaudación de los impuestos que gravan la propiedad y las transacciones de los particulares.
En medio de esta atmósfera plagada de ideas que minimizan al individuo y que se aceptan como verdades incuestionables, el que quiere asumir su yo y pretende salir adelante con su esfuerzo y talento, apostando, invirtiendo y arriesgando su capital en el mercado, es visto como un egoísta que sólo quiere lucrar en medio de la precariedad y necesidades de las grandes mayorías marginadas en la pobreza.
Este escenario es propicio para alimentar un discurso de odio y confrontación entre quienes más tienen y menos tienen. Y de este discurso se aprovechan, para trepar al puro estilo de arribistas y oportunistas del poder, quienes ven en la cosa pública una tabla de salvación para salir de pobres, pues en su gran mayoría nunca fueron capaces de progresar con su esfuerzo y talento en el escenario privado.
De esta manera se ha configurado una red de burócratas y funcionarios que viven del presupuesto público, quienes se sienten seguros en el puesto. Empoderados por el cargo que ostentan, anteponen sus intereses particulares a los colectivos, dando lugar a la corrupción. A las finales, funcionarios y burócratas también son personas y tienen su propia agenda particular de prioridades.
Y si desde el poder se puede delinquir, ¿por qué desde la sociedad civil no? La criminalidad se ha organizado y ha ganado espacio en la sociedad, acorralando a Estados carcomidos por la corrupción. Éstos se muestran incapaces de hacerle frente a los criminales por cuanto han renunciado a su rol original de brindarnos seguridad a todos, para el resguardo de nuestros derechos como la vida, la libertad y la propiedad.
Distraído en programas sociales que nos hacen más pobres y empoderan a los corruptos funcionarios y burócratas, y renunciando a su función de mantener el orden y la seguridad, el Estado le ha dejado a la criminalidad organizada espacios que, por el contrario, debieran ser ocupados por los ciudadanos de bien, que solo exigen –y por eso tributan- el resguardo a sus derechos de propiedad para cooperar en los mercados por medio de los contratos.