Por: Luz Mery Canales Trillo
@LuzCanalesTrillo
Vicegobernadora regional de Ica
Ha sido un trabajo esforzado de la fiscalía por determinar evidencias de corrupción en los niveles más altos de poder; así mismo, ha sido un doble trabajo para luchar contra el sistema judicial que evidentemente está al límite por la corrupción en la más alta esfera política. Los buenos elementos en las instituciones son pocos, pero se fortalecen para seguir con las investigaciones. Se pone a prueba la eficacia de una estructura de “justicia” donde, además, algunos de sus operadores están bajo investigación por vínculos con redes de corrupción y tráfico de intereses. Lo ocurrido en el Ministerio Público, otra vez nos enrostra la podredumbre que afecta al Perú.
Hace unos días, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) capturó a cinco personas señaladas como posibles integrantes de la presunta organización criminal que habría encabezado Martín Vizcarra para dirigir –según la hipótesis de la investigación– las licitaciones en Provías Descentralizado a cambio de coimas. La fiscalía los denominó “Los Intocables de la Corrupción”. Y si bien el exgobernante figura como supuesto cabecilla en el organigrama de la misma, este aún no puede ser investigado porque los hechos ocurrieron durante su gestión como presidente, por lo que goza de la protección de la inmunidad, que solo puede ser levantada por el Congreso.
Estas investigaciones fiscales y otras con intervención judicial han develado la corrupción en los niveles más altos del Estado, situación que pone en tela de juicio el accionar de ministros y congresistas que normalizan los actos delictivos dentro de la administración pública. Recordemos que, históricamente, desde mucho antes de los años 90 con los vladivideos y las salitas del SIN, la corrupción ha sido y se mantiene en convivencia. Se ha normalizado en los diferentes estamentos de gobierno, socavando al país y sus 33 millones de peruanos.
