Transportistas de la provincia de Pisco se encuentran en pie de lucha contra la empresa Aceros Arequipa, a la que acusan de monopolizar el servicio de transporte de chatarra.

Edwin Flores, asesor legal de los transportistas agrupados en la Asociación de Transportistas de Mercancías (ATM), informó que Corporación Aceros Arequipa (CAASA) dejó sin efecto un contrato con 50 transportistas pisqueños por oponerse a la reducción del pago por tonelada transportada, lo que consideran inaceptable.

“Aceros Arequipa, haciendo uso de su poder ha dejado sin efecto un contrato vigente para darle trabajo a un consorcio familiar, en perjuicio y desmedro de los proveedores anteriores”, dijo.

Explicó que la medida de fuerza adoptada ayer en la garita de control en Santo Domingo, jurisdicción del distrito de Paracas, busca que los transportistas pisqueños vuelvan a trabajar para Aceros Arequipa.

“Queremos dialogar con los representantes de Aceros Arequipa para llegar a un acuerdo, porque no es posible que solo un conglomerado de transportistas brinde su servicio a la empresa siderúrgica”, sostuvo.

Por su parte, Aceros Arequipa -a través de un comunicado- informó que rechazan la medida de fuerza que restringe la libre circulación.

“Estamos profundamente consternados y preocupados por los recientes ataques de los que han sido víctimas las empresas que prestan servicios de transporte a CAASA, quienes trasladan chatarra desde el puerto de Pisco a la planta siderúrgica. Asimismo, con base a los principios de libre mercado, CAASA reafirma su derecho de contratar a los proveedores de transporte que considere necesarios para los fines propuestos”, dice el comunicado.

Igualmente, CAASA informó que contrata la flota que cumple con los lineamientos de seguridad acorde a la política interna.

A su vez, los transportistas agrupados en la ATM respondieron con otro comunicado en el que exige a Aceros Arequipa continuar con la prestación de servicios.

“Solicitamos a CAASA la continuidad de la prestación de los servicios de transportes vigentes en nuestros contratos, en las mismas condiciones tarifarias y lineamientos de seguridad que exige CAASSA. Rechazamos toda imputación vandálica que se nos pretenda adjudicar, la paralización es pacífica con conocimiento de las autoridades políticas de Pisco”, reza el comunicado.