Con el objetivo de fortalecer lazos de cooperación y de trabajo coordinado, auditores de la Contraloría, liderados por el gerente regional de Control de Ica, Roy Vera Chung, se reunieron con representantes de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal delegado Fernando Paul Catacora Pamo.
En la reunión realizada en el auditorio de la sede de Contraloría Ica, los participantes expresaron sus opiniones sobre la labor que se está realizando para luchar contra la corrupción en la región Ica. Asimismo, plantearon propuestas para mejorar dicho trabajo, de tal modo que se elaboren informes de control que finalmente sirvan de insumo al Ministerio Público para que se inicien procesos que concluyan en sentencias contra aquellos funcionarios implicados en hechos irregulares.
Por su parte, Roy Vera Chung, manifestó que la importancia de esa reunión radicaba en la búsqueda de mecanismos para robustecer el apoyo mutuo, de tal manera que la labor de ambas entidades públicas se torne más eficaz y eficiente. “Ya coordinaremos una próxima reunión que nos permita seguir trabajando de forma conjunta”, señaló.
Exalcalde sentenciado
Un ejemplo del trabajo coordinado entre la Contraloría y el Ministerio Público es la reciente sentencia de 14 años de pena privativa de libertad y 10 años de inhabilitación que recibió el exalcalde de la municipalidad distrital de Leoncio Prado (Ayacucho), Mario Adán Alfaro Pacase, por los delitos de colusión agravada, uso de documentos falsos y falsedad genérica, en agravio de la mencionada entidad.
La Fiscalía se apoyó en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N°960-2015-CG/ORIC-AC, emitido por la Contraloría Ica y sustentado por los auditores en juicio, en el cual se detectó la irregular contratación de un consorcio que apenas tenía tres meses de constituido, para la ejecución del sistema de riego de Santa Rosa de Umamarca; y el pago a esta contratista, sin justificación ni sustento, de dos millones 107 mil soles, sin deducciones, ni amortizaciones en las valorizaciones de la obra.
En dicho proceso judicial también fueron sentenciadas a nueve años de pena privativa de libertad efectiva e inhabilitación por el mismo periodo, las exfuncionarias Raquel Matilde Huamaní Llali y Albina Huallanca Gonzáles; así como el empresario Andrés Avelino Chacalcaje Ramos.
Los sentenciados deberán pagar de manera solidaria la suma de dos millones 227 mil soles por concepto de reparación civil. (DBD)
