Por: Luz Mery Canales Trillo

@LuzCanalesTrillo

Vicegobernadora regional de Ica

¡Absuelta! Se empiezan a caer las denuncias

El Sistema de Justicia constitucionalmente fue creado para darle la protección jurídica a todo ciudadano. Se le otorga la potestad de administrar justicia, la que emana del pueblo, y la ejerce a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a las leyes. Sin embargo, ha sido uno de los poderes del Estado que menos confianza le garantiza al ciudadano. Los hechos ocurridos en los últimos años, donde el Ministerio Público y el Poder Judicial se han visto involucrados en actos delictivos, incluyendo a las cabezas de estas instituciones, ha mellado la imagen del Sistema Judicial.

Los ciudadanos acudimos a los órganos jurisdiccionales en busca de justicia, pero dentro del sistema todo parece moverse con dinero o favores. Procesos judiciales desde alimentos en perjuicio de niños, violación de menores, agresión sexual de mujeres, hasta delitos contra la administración pública, todo podría ser negociado, mientras la población espera justicia.

Sin ánimo de generalizar, reconocemos a quienes ejercen su labor a cabalidad. A nivel nacional se ven a los magistrados y fiscales que investigan probamente, ser también perseguidos por las mafias que protegen a los investigados. Lamentablemente, ocurre lo mismo en el interior del país. Tal es así que, la Autoridad Nacional de Control investiga actualmente cientos de casos de fiscales y jueces en todo el Perú.

En enero tomé conocimiento, a través de redes sociales, haber sido querellada por el gobernador regional Jorge Hurtado. Desde entonces empezó el proceso judicial que terminó en una sentencia absolutoria. Pese a que, toda la prensa mermelera de Ica publicaba alegremente que «la suerte estaba echada» a favor del gobernador; el juez dictaminó que dicha demanda carecía de los elementos que tipifiquen el delito de difamación.

No se puede, de ninguna manera, criminalizar el derecho a informar. Concedí entrevistas en medios nacionales sobre una carpeta fiscal existente y pública. Que los medios de Ica lo quieran ocultar es otra cosa, pero es una investigación pública que fue difundida, una carpeta fiscal que investiga a los consejeros regionales, funcionarios y asesores de Jorge Hurtado. Para que exista el delito de difamación tendría que referirse a hechos falsos e inexactos; además, debería existir el “animus difamandi”, situación que en este caso no ocurrió. Fui invitada a una entrevista al ser aludida en una portada tendenciosa en medios nacionales y obviamente tenía que desmentir dichas acusaciones hechas por el asesor del gobernador. De ninguna manera se puede pretender penalizar el derecho a informar y, sobre todo, en mi condición de vicegobernadora regional al ser aludida en medios nacionales. Lo dije desde un inicio, tarde o temprano todas las denuncias absurdas en mi contra caerán.