¡No más violencia!
| Por: Luz Mery Canales Trillo
@LuzCanalesTrillo
Vicegobernadora regional de Ica
La salud mental es importante en una sociedad que ha normalizado todo tipo de violencia. Tanto víctimas y agresores necesitan ser atendidos por especialistas para erradicar conductas permisivas de agresión y maltrato.
El caso de Sonia Pauccar Huamán, víctima de feminicidio por su pareja, quien acabó con su vida tras acuchillarla, debe ser motivo para tomar consciencia de la permisividad que tenemos frente a hechos de maltrato y violencia. A su vez, tenemos que tomar acciones contra toda conducta violenta.
Ninguna mujer debe permitir acciones que dañen o lesionen su integridad. La violencia empieza con la sumisión de la víctima hacia su agresor, permitiéndole insultos, ofensas, golpes, atentados, hasta callarlas para siempre. El agresor cree que la mujer es un objeto que puede tomar y manipular como él quiera. Cuando aparezca alguna agresión verbal o psicológica, es el momento de denunciar y poner en alerta a las autoridades.
Todas las mujeres en algún momento hemos sufrido algún tipo de violencia, los registros del CEM demuestran que las cifras de agresión física son predominantes; sin embargo, la violencia psicológica y verbal casi ni no son reportadas y son las que más se registran a diario en cientos de mujeres.
Entre enero y febrero se registraron 22,535 casos, lo que indica que cerca de 375 mujeres fueron afectadas diariamente. Entendiendo que solo acuden a las comisarías casos graves, imagínense la cantidad de víctimas que no denuncian por miedo o vergüenza. Callan aceptando el abuso y permitiendo que la violencia continúe. Entre enero a marzo se registró 43 feminicidios y terminamos abril con el caso de Sonia, en Chincha.
A lo largo del 2023, Perú experimentó un preocupante índice de feminicidios, que llegó a 170 asesinatos de mujeres y 258 tentativas, según el informe oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Situación que debe poner en agenda esta problemática en los gobiernos regionales y locales. Existe una mesa de Concertación Regional de lucha contra la violencia en el Gobierno Regional, nos gustaría saber qué acciones vienen adoptando y cuánto presupuesto se destina para combatir estos registros de alta incidencia.
Los documentos que desde mi despacho solicito como vicegobernadora no tienen respuesta. Los perpetradores y agresores también están en los espacios políticos. Es propicio señalar que se encuentra en juicio oral la denuncia que presenté sobre la anulación de mis derechos políticos en el GORE. Audiencia a la que el gobernador no asistió y pidió reprogramación.
La violencia no solo tiene que ser física, pero, venga de donde venga debe denunciarse y que las instancias correspondientes procedan con sanciones ejemplares.
