| Por: Luz Mery Canales Trillo

@LuzCanalesTrillo

Vicegobernadora regional de Ica

Un Estado de derecho implica el respeto a la autonomía de las instituciones y al equilibrio de poderes, manteniendo la estabilidad del país para una gobernabilidad estable con acciones para el desarrollo sostenible. Lo que acabo de plantear es lo que, en teoría, es ideal para un gobierno sano, que tiene como prioridad el crecimiento como país y la reducción de las brechas sociales y la pobreza.

Hace buen tiempo que el Congreso dejó de respetar el equilibrio de poderes, empezó a controlar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría y el Poder Ejecutivo en un clarísimo cogobierno. No siendo suficiente, pretendieron copar la Junta Nacional de Justicia para tener acceso al manejo del Sistema Electoral: RENIEC y ONPE. El rechazo fue masivo en las calles dándole una aprobación menor al 10% al Congreso y a Dina Boluarte.

Simultáneamente, la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad -Diviac PNP-, investigaba a congresistas y funcionarios, por diversos actos de corrupción, siendo así el caso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Meses después el trabajo de investigación alcanzó a la misma presidenta de la República con un allanamiento a su domicilio. Obviamente, hubo represalias y suspenden al coronel PNP Harvey Colchado, quien dirigió la intervención.

En un rápido accionar, el gobierno de Boluarte desactivó el equipo especial del Eficcop PNP, un equipo de policías de apoyo a la Diviac, dedicados a investigaciones a los funcionarios involucrados en delitos de corrupción, criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y conexos. Justamente, horas antes del allanamiento y captura de su hermano Nicanor Boluarte y su abogado Mateo Castañeda, entre otros 20 investigados por la presunta organización criminal “los Waykis en la Sombra”.

Al parecer, los Rolex solo fueron la punta del aiceberg, la fiscalía seguía a todos los Waykis por actos de corrupción, desde tráfico de influencias hasta copamiento indebido en negociaciones para obstruir a la justicia. Los chats revelan el ofrecimiento a comandantes y coroneles para ascensos a cambio de no investigar a Boluarte. Asimismo, la fiscalía imputa el negocio de ofrecer las subprefecturas a nivel nacional y estos apoyen los fines de esta red criminal.

Los Waykis en la Sombra operaban desde el gobierno central -presidencia- hasta los gobiernos regionales como Cusco y Ayacucho. Empezarán a cantar los colaboradores eficaces y estoy segura que los Waykis dejarán de estar en la sombra y sus vínculos con más gobiernos regionales y locales serán expuestos. Mi rechazo a esta alianza perversa de impunidad y corrupción entre el Congreso y Dina Boluarte.