| Daniel Bravo Dextre

La empresa Electro Dunas también se muestra desconcertada con la actitud obstruccionista que vendría ejerciendo el alcalde de Marcona, condenando a la población de ese distrito a que deje de sufrir por la escasez de servicios básicos como el agua y la electricidad, pagando por ellos sumas muy elevadas.

Es más, según la investigación periodística que hemos realizado desde hace cerca de un año, por la tozudez de la autoridad edil en entregar dichos servicios a una EPS (Empresa Prestadora de Servicio del Agua) y a una Empresa Generadora o Distribuidora de Electricidad, mil 700 familias de los sectores A y B podrían perder la histórica oportunidad de contar con una vivienda digna, dentro del Plan Integral de Vivienda de los sectores A y B, debido a que el alcalde Joel Rosales Pacheco hasta el momento no se adecúa a las leyes que regulan dichos servicios, retrasando innecesariamente el ingreso de inmobiliarias para que se encarguen de ejecutar la construcción de viviendas de interés social a través de los Programas de Vivienda que cuenta el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, conforme lo hemos venido sosteniendo en ediciones anteriores.

No sólo eso, la población no asegurada de Marcona también está en grave riesgo, al igual que los médicos y personal asistencial, al continuar ocupando un centro asistencial que ha sido declarado inhabitable. El año pasado, por Acuerdo del Concejo Provincial de Nasca se desinó un terreno en el asentamiento humano “San Martín de Porras” para que allí se construya el nuevo Centro de Salud “José Paseta Bar”. Por supuesta influencia de manos extrañas, que no podemos confirmar por lo pronto, dirigentes vecinales interpusieron una demanda en la vía civil, oponiéndose a la construcción, dándole preferencia a la recreación que a la salud que es vital, la misma que fue declarada improcedente. Como la sentencia no ha sido declarada consentida, la DIRESA no puede continuar con el proyecto de construcción.

El alcalde, en lugar de mediar hacia una solución a la crisis presentada por la negativa acción de tales directivos, cuyo mandato ya cesó, y pretendiendo mostrarse “magnánimo” con la población distrital, le ha entregado a DIRESA un terreno que ha sido independizado de los sectores A y B, el cual está eriazo, sin pistas, veredas, agua, desagüe y electricidad.

De manera que en esta segunda alternativa que presenta la municipalidad distrital de Marcona, tampoco se podrá construir un nuevo centro hospitalario, por carecer la zona A y B de servicios básicos. Shougang ya se pronunció a través de una carta dirigida a la DIRESA, en el sentido que no podrá apoyar con más aportes de agua por estar al límite. En igual situación se encuentran los aportes de electricidad que están al límite.

Adecuación a la ley

Conforme ya lo dijo Shougang, lo cual es de dominio público. El alcalde de Marcona, Joel Rosales, gran favor le haría a su comunidad si decide con honestidad y transparencia adecuarse a las leyes peruanas que regulan los servicios públicos, evitando la informalidad que los hace más caros y permite que se le robe al Estado al no pagar el IGV.

Electro Dunas

En declaraciones para el diario regional “La Opinión”, el gerente comercial de Electro Dunas, Gustavo Michelena, también se mostró preocupado porque hasta ahora la municipalidad de Marcona no se adecúa a ley de servicios básicos, sin tener en cuenta que su representada a nivel de la región Ica es la única que puede hacerse cargo del servicio de electricidad, según lo establece la ley que regula las Zonas de Responsabilidad Técnica – ZRT.

Dijo que en varias ocasiones se había apersonado a Marcona para hablar con el alcalde Rosales y con la población para concretar la prestación del servicio de luz, y que en una de ellas la autoridad edil se comprometió a entregarles el servicio en mención, con la condición que Electro Dunas pagaría el costo de las líneas eléctricas que correspondan, cuyo acuerdo la autoridad edil marconense nunca cumplió.

Por otras fuentes también nos enteramos que Osinergmin tendría pendiente una fuerte multa para aplicarle a la municipalidad del distrito minero, en razón a que continúa intermediando el servicio de electricidad que le brinda Shougang, sin formalizarlo conforme a ley, evadiendo impuestos. Los usuarios pagan un promedio de 165 soles y sólo reciben un recibo simple, según revelaron a este diario directivos del Frente de Defensa.

Finalmente, por fuentes dignas de crédito hemos tomado conocimiento que el alcalde Rosales intentaría constituir una empresa distribuidora de electricidad, comprándole energía a Electro Dunas, empleando recursos de la municipalidad. Hasta ahí no habría ningún problema. Lo que se especula es que el burgomaestre lo tendría todo calculado para que esa empresa pase a manos privadas y que él o su entorno se convertirían en principales accionistas, cuando a finales del 2026 deje la alcaldía. ¿Enviaría un documento a la Contraloría y Frentes de Defensa afirmando que jamás haría ese negociado culpable a espaldas del sufrido pueblo que estaría condenado a pagar recibos de luz altísimos?