| Daniel Bravo Dextre
Gran sorpresa ha causado en la provincia de Ica la detención de un mayor, un alférez y un suboficial PNP de la comisaría de La Tinguiña, quienes son investigados de manera preliminar por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
La intervención se produjo en la mañana de ayer en la Comisaría de La Tinguiña, donde fueron detenidos el mayor comisario PNP Juan Carlos Pinto Loayza, el alférez Enzo José Ñacca García y un suboficial cuyo nombre no fue revelado. Está como no habido un suboficial, mientras que otros dos que inicialmente fueron denunciados por operativos indebidos y receptación de dinero se habrían acogido a la colaboración eficaz.
El allanamiento de la sede policial estuvo a cargo de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), con la participación del fiscal anticorrupción, atendiendo a lo ordenado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Parcona, que dispuso tres días de detención preliminar.
Mientras se realizaba la diligencia, el jefe del Frente Policial Ica, general PNP Manuel Gustavo Vidarte Pérrigo, se apersonó a la Comisaría de La Tinguiña para presenciar la detención. Luego, al retirarse reveló a la prensa que no habrá impunidad para ningún oficial o suboficial que incurra en delitos.
Posteriormente, los detenidos fueron trasladados hasta la sede de Inspectoría Regional, donde se les tomó manifestaciones para las respectivas acciones disciplinarias; mientras que la Fiscalía Anticorrupción de Parcona vendría elaborando la carpeta fiscal para continuar con la investigación preliminar. No se descarta que solicite prisión preventiva para que los detenidos no obstruyan la acción de la justicia.
Antecedentes
Según fuentes de la Policía Anticorrupción, la denuncia contra los cuestionados agentes del orden se habría originado el pasado mes de abril, vinculada a operativos de tránsito (sin plan de operaciones) con exigencia de dinero a los infractores.
Otra fuente reveló que el alto mando de la DIRCOCOR, al tomar conocimiento de la extorsión que venían padeciendo algunos conductores, no sólo en La Tinguiña, sino también en otras comisarías, destinó un equipo especial que hizo labor de inteligencia y contrainteligencia para acumular las pruebas necesarias y denunciar a los malos elementos de la institución.
De manera extraoficial se conoció que los investigados realizaron operativos fraudulentos hasta el domingo último, exigiendo sumas de dinero a los infractores al Reglamento Nacional de Tránsito a cambio de no aplicarles la papeleta.
Por los casos en general, la coima es de acuerdo al monto de la infracción, que oscila entre 100 a tres mil soles que debe pagar el ciudadano intervenido para evitar la incautación del brevete y que su vehículo vaya al depósito. La ciudadanía exige resultados para frenar la corrupción.