Por: Luz Mery Canales Trillo
@LuzCanalesTrillo
Vicegobernadora regional de Ica
Una fusión contra las mujeres y los más vulnerables
Vuelve el intento de fusionar dos ministerios encargados de garantizar los derechos de niños, niñas y mujeres, y de proteger a quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad. El gobierno de Boluarte viene trabajando la unión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Para quienes apoyan esta medida, la justifican con razones como la eliminación de la burocracia. Sin embargo, dicha fusión también significaría menor presupuesto y reducción de programas sociales.
Si bien, como fundamento escrito el MIMP tiene como fin prevenir y atender la violencia; intervenir en la implementación de la igualdad de género; proteger a las mujeres, niñas y adolescentes, etcétera, desde mi posición, el trabajo que desarrolla esta cartera es insuficiente ante las cifras alarmantes que se registran todos los días, los mecanismos empleados desde sus oficinas no son suficientes para la reducción y prevención de la violencia.
El último reporte del Programa Aurora, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), con datos actualizados hasta mayo del 2024, puso en evidencia una lamentable realidad: 7.776 niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual. Pese a que las principales afectadas son las menores de edad, la población femenina en general se encuentra en constante riesgo, ya que conforma el 93,6% víctimas de abuso sexual. Mientras que los Centros de Emergencia Mujer, de enero a junio del 2024, atendieron 77 898 casos por violencia.
Se desconoce aún qué implicaría esta fusión que impone el gobierno. Es obvio que el MIMP no tiene la eficacia que se desearía, que ha dado la espalda a las contrarreformas que aprobó el Congreso, que no hizo nada ante la eliminación de la parida horizontal, pero debe de garantizarse su autonomía. Es verdad, el MIMP, al igual que el MIDIS, no logran los resultados que se esperan; sin embargo, fusionarlos no solucionaría nada.
Se genera un alto riesgo. Las víctimas no recibirían el apoyo especializado porque la fusión podría reducir los espacios de monitoreo y atención. Significaría retrocesos de los avances logrados en justicia social, sobre todo, referentes a niñas y niños en vulnerabilidad. Se afectaría la implementación de políticas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres y asistir a las poblaciones vulnerables, como los adultos mayores y las personas con discapacidad.
Los problemas no se solucionan cambiándose de nombre a las instituciones ni fusionándolas, sobre todo está la defensa a los derechos humanos de quienes necesitan la protección del Estado. La defensa de la institucionalidad democrática significa defender las políticas públicas que han generado avances institucionales en protección a los derechos de mujeres y poblaciones vulnerables.
