Por: Lic. Jesús Acevedo Herrera
Past Decano del Consejo Regional de Ica
Colegio de Periodistas del Perú
Reg. FPP. 5385
Reg. CPP. 030
Los rechazos permanentes del pueblo peruano que se producen en contra de la presidenta de la república, congresistas, gobernadores regionales y alcaldes, son el fiel reflejo de que en varios lugares del país está naciendo, cada vez más amplia, una terrible crisis que consiste en que el pueblo ha determinado no reconocer la legitimidad de las autoridades, motivando que la ciudadanía ponga en evidencia la inmediata necesidad de que se realicen profundas reformas políticas, siendo necesario que las autoridades se reconecten con las demandas y expectativas de la ciudadanía. De no abordarse este rechazo, la demanda seguirá alimentándose, trayendo consigo la inestabilidad y el descontento social como consecuencia impredecible para la democracia peruana.
Este rechazo popular afecta la capacidad del gobierno, así como de las autoridades regionales y locales para poder gobernar de manera efectiva, originando con esto que una gran parte de la ciudadanía no confíe más en sus líderes, siendo así bastante difícil que se pueda implementar políticas públicas y tomar decisiones sin enfrentar resistencia o falta de cooperación que se presentan.
Este clima de rechazo puede llevar, inclusive, a una parálisis legislativa que el Congreso, al ser también impopular, puede entrar en un ciclo de inacción o conflicto constante con el Ejecutivo.
Hemos visto que las protestas son una expresión clara del rechazo popular. Son manifestaciones masivas que han ocurrido en varias regiones del país, con demandas que van desde la renuncia de la presidenta y cerrar el Congreso, hasta la convocatoria de nuevas elecciones generales y la formación de una Asamblea Constituyente. La respuesta del gobierno a estas protestas ha incluido medidas de seguridad estrictas y, en algunos casos, la represión ha aumentado creciendo la tensión reforzándose la percepción de ilegitimidad.
El Congreso del Perú es el reflejo del fracaso político del país
La desconfianza hacia las instituciones públicas, incluidos la presidencia de la república de Dina Boluarte y los miembros del Congreso, tienen raíces profundas. Esta desconfianza ha sido alimentada por años de escándalos de corrupción, promesas incumplidas y un historial de inestabilidad política. La situación se agrava cuando la ciudadanía percibe que sus líderes están más interesados en atender el poder o en defender interesas particulares, en lugar de trabajar por el bienestar común.
Es necesario agregar que en los últimos años el Perú ha experimentado una serie de crisis políticas, incluida la destitución de presidentes y la disolución del Congreso, como ocurrió en 2019. Esta crisis ha exacerbado el descontento público y ha contribuido a la percepción de que tanto la presidencia de Dina Boluarte como el Congreso carecen de legitimidad. La actual presidenta asumió el cargo en medio de una situación de gran tensión en la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022. El gobierno de Dina Boluarte ha enfrentado constantes protestas especialmente en regiones donde el rechazo ha sido más intenso.
La crisis de los partidos lleva a la política a actores sin militancia que representan a sus propios intereses o a los empresarios y gremios
El rechazo hacia la presidenta de la república y los congresistas es un tema recurrente en la política del país que refleja una crisis de confianza y la legitimidad de las instituciones. Este descontento se manifiesta de diversas formas, incluyendo protestas, movilizaciones y una baja de popularidad en las encuestas, lo que hace evidente la desconexión entre la clase política y la ciudadanía.
La legitimidad del Congreso en el Perú no es solo una cuestión de legalidad, sino también de percepción pública y desempeño efectivo. Para fortalecer su legitimidad, es crucial que el Congreso y el Ejecutivo trabajen en mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y reconectarse con las necesidades y expectativas de la ciudadanía, desterrando la crisis de desconfianza y legitimidad de las autoridades.
